La demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Merixell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, intenta «sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero», según el CGPJ.
El CGPJ promete que se adoptarán «todas las medidas necesarias» para garantizar la independencia de Llarena, «incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», que establece que no se puede demandar de forma directa a un juez en el ejercicio de sus funciones y que el Estado se hace cargo de eventuales indemnizaciones.
Pide además a los Ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren «la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica», abriendo así la puerta a que la Abogacía del Estado se persone en defensa de España en Bruselas.
Llarena está citado a comparecer ante un tribunal belga el 4 de septiembre.
Para el Consejo, la demanda presentada, en la que los procesados alegaron que Llarena no había respetado la presunción de inocencia y había ofendido su honor al acusarles de ser rebeldes, tiene «como único fin» condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales en éste y otros procedimientos, desacreditando la instrucción del caso ante la opinión pública internacional.
La demanda «cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes» y, en opinión del Consejo, es difícil que pueda existir «una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español».
A su juicio, al cuestionar así la actuación de un magistrado «se cuestiona también la esencia misma de nuestro Estado de derecho, atacándose la independencia judicial como pilar fundamental de un Estado democrático».
Según el CGPJ, como en España no se pueden presentar demandas civiles contra un juez, los procesados han intentado sortear esa garantía a través de Bélgica, lo que «añade un plus de gravedad a la planificación del ataque» contra Llarena, que no debe soportarlo «ni por justicia ni por la dignidad de la función que desempeña».
La comisión permanente del Consejo insta por ello a los huidos a cesar en el futuro «cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional» del magistrado del Supremo.
La evolución del caso contra Llarena en Bélgica es incierta, ya que el juez decano de Madrid rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del emplazamiento para que comparezca ante un tribunal belga el 4 de septiembre, argumentando que no se trataba de una demanda de carácter civil, sino que pretendía «cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales».
Sí informó de ella al presidente del Supremo, que escribió a los ministros de Justicia y de Exteriores para que tomaran las medidas necesarias para «asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado» ante la jurisdicción y las instituciones belgas.
En concreto solicitaba requerir al Ministerio de Asuntos Exteriores belga «para que Bélgica comparezca ante el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez».
El jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, confirmó días después que se había trasladado ya esa petición a través de la embajada.
Llarena pidió amparo al CGPJ el pasado 30 de julio porque, según explicó en su solicitud, no sabe si las gestiones realizadas han dado lugar «a una decisión concreta de actuación procesal por parte del Gobierno belga».
El magistrado denunció en su escrito el carácter «groseramente fraudulento» de la demanda que, a su juicio, sólo busca «sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española».
El acuerdo adoptado hoy, que será trasladado a Exteriores y Justicia para que tomen medidas, ha sido aprobado con el voto a favor del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de cinco vocales.
Ha votado en contra la vocal Concepción Sáez, que abandona la comisión permanente por su nombramiento por el Ministerio de Justicia como gerente de la Mutualidad General Judicial, que será efectivo el 1 de septiembre.
Redacción