El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto ley con el que pretende exhumar del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco, un proceso que prevé culminar al final de este año y en el que decidirá su nuevo lugar de enterramiento si la familia no lo hace previamente.
El real decreto modifica la ley de Memoria Histórica de 2007, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su presentación en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, ha justificado la decisión recalcando que «no se puede perder ni un solo instante» para esa exhumación.
«Vamos tarde», ha subrayado antes de explicar que el procedimiento previsto en la iniciativa, que será publicada mañana en el BOE, tiene un plazo de caducidad de doce meses desde su incoación en la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes, 31 de agosto, pero que el Gobierno no prevé que se agote.
De hecho, los cálculos del Ejecutivo, según ha explicado, prevén que la exhumación pueda hacerse efectiva hacia «final de año».
El acuerdo dará un plazo de quince días a los interesados para que se puedan personar en el procedimiento y realizar las alegaciones que consideren oportunas, y durante ese tiempo los familiares podrán comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.
Para ello, el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación.
Si existieran discrepancias entre los familiares o éstos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Gobierno decidirá dónde se entierran los restos.
Calvo no ha avanzado cuál podría ser ese lugar a la espera de la evolución de los acontecimientos, pero ha garantizado que sería «digno y respetuoso» como cree que debe ser en un estado «garantista».
El Gobierno no ha mantenido contactos directos con la familia y sólo tiene conocimiento de su oposición a la exhumación por lo que le trasladan los benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos.
A la pregunta de si el Gobierno va a forzar la exhumación pese a no tener la autorización de la Iglesia toda vez que la familia se opone, Calvo ha asegurado que el ordenamiento jurídico español tiene instrumentos «más que suficientes» en su relación institucional con la Iglesia para proceder a la ejecución del procedimiento administrativo que plantea el decreto ley.
Este texto será remitido al Congreso, que tendrá un plazo de treinta días para su debate y votación desde su promulgación, y después la vicepresidenta ha precisado que se prevé tramitarlo como proyecto de ley para abrir un diálogo con los grupos y poder incorporar aportaciones diversas si así se estima conveniente.
En ese contexto ha enmarcado la petición de partidos como ERC de de anular sentencias de muerte del franquismo como la decretada contra el que fuera presidente de la Generalitat Lluís Companys, aunque ha precisado que la ley de Memoria Histórica ya declaró ilegítimos los tribunales del franquismo y sus sentencias.
Calvo ha recalcado que el Congreso, sin ningún grupo en contra, votó a favor de la exhumación de Franco y ha recordado que la ONU lleva insistiendo años en que no es sostenible esa situación para una democracia.
«No hay ni una sola razón de fondo para que la democracia española no se sienta digna consigo misma con esta exhumación», ha asegurado antes de considerar que los partidos que se oponen a ella aduciendo motivos formales, en referencia a PP y Ciudadanos, sólo lo hacen para «parapetarse en sus últimas posiciones y convicciones sobre el asunto».
El real decreto introduce en la ley de Memoria Histórica un apartado en el que consagra el Valle de los Caídos como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto.
También incorpora una disposición adicional que articula el procedimiento de exhumación y traslado legitimando al Consejo de Ministros para su incoación y resolución.
La vicepresidenta ha comentado que el Valle de los Caídos cumplirá así la función recogida en la ley de Memoria Histórica de «respeto de las víctimas que están de ambos bandos y naturalmente la paz, algo que no es posible -ha precisado- estando los restos del dictador en el mismo lugar».
El real decreto ley no incluye la exhumación de los restos de Jose Antonio Primo de Rivera porque es «víctima de la contienda» y está justificada su permanencia en el Valle de los Caídos.
Cuestión distinta es que durante el debate en el Congreso del decreto una vez convalidado se pudiera decidir una reasignación del lugar en el que está enterrado el fundador de la Falange tal y como figura en el informe que realizaron los expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos.
Redacción