Borren cree que la postura de la ministra «tiene que ver más con la moralidad que con la legalidad».
«El actual PSOE -ha añadido Borrell-, un partido creado por sindicalistas para defender a los trabajadores, se ha preocupado tanto de tener un gran abanico de mujeres en el Gobierno que no se ha preocupado de que sean competentes».
Borrell ha preguntado a la ministra: «¿Qué culpa tenemos las trabajadoras sexuales de que en pleno siglo XXI no tengamos derechos? ¿Desde cuándo un sindicato que cumple todos los requisitos es ilegal en este país?».
«Si es ilegal, que empiecen a cerrar macroburdeles y pisos, que empiecen a machacar a los empresarios. ¿Por qué no van a por los macroburdeles? ¿A quién están defendiendo en realidad? ¿Pero de dónde ha salido esta señora?», ha insistido la trabajadora sexual, una de las que han impulsado este sindicato.
«Lo que le pedimos al Gobierno es un poco de rigor y más seriedad: es lo mínimo que se merecen los españoles. Es un tema de moralidad y no de legalidad, porque ya hemos comprobado que es legal. El ministerio ha hecho bien su trabajo: sindicarse en este país es legal. ¿Sabe la ministra que Pablo Iglesias, no el de ahora, fundó el PSOE y el sindicato UGT?», ha añadido Borrell mostrando su enfado.
«Si ellos quieren proteger a la patronal, nosotras queremos defender a las trabajadoras», ha concluido Borrell.
Por su parte, el gestor que ha hecho todos los trámites para que el sindicato de trabajadoras sexuales fuera legalizado, Joaquín P. Donaire, ha explicado a Efe que todos los trámites para legalizar el nuevo sindicato los hizo vía web y ha asegurado que ha reunido todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
«Todo está dentro del marco legal y no hay ninguna forma de anulación administrativa posible, porque ha concluido ya el plazo legal de alegaciones. La ministra ahora tendrá que acudir a la judicatura si quiere ilegalizar el sindicato», ha afirmado el gestor, que es el tesorero de Aprosex, una asociación que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales.
Donaire ha opinado que, si la ministra anula la constitución de Otras, «prevaricará, porque todos los trámites son legales y, si lo ha publicado el BOE, es que cumple la legalidad».
«La legalidad es una cosa y la moralidad es otra. Si van al juzgado, nosotros también responderemos dentro de la legalidad», ha avisado.
«Creo que estamos en un Estado de Derecho sometido al imperio de la ley, no al imperio de la prensa», ha abundado el gestor, que ha argumentado que, aunque la profesión de trabajadora sexual no está regulada, «tampoco está reconocido legalmente que haya personas del norte de África que trabajan en los invernaderos y alguien tendrá que luchar por sus derechos».
«¿De verdad quiere hacernos creer que no le habían informado? Pues que destituya al director general que corresponda. Puedo entender que haya moralistas en todas partes. Puede que el sindicato sea de agrado o no, pero es legal», ha insistido Donaire
La secretaria general del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, ha declarado que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, «parece que quiere defender los intereses de la patronal de los burdeles y no el de las trabajadoras».
«Tendrá que acudir a la vía judicial para ilegalizar un sindicato, porque, como ha reconocido el propio ministerio, cumplimos todos los trámites legales y todo es legal», ha señalado Borrell.
Redacción