El titular de la denuncia es el eurodiputado del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) Enrique Calvet. Ha denunciado ante el Colegio de Abogados de Madrid a uno de los letrados de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por «falsear» la denuncia contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Calvet ha remitido un escrito al colegio en el que considera el texto de la denuncia una «ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española».
«La ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español», ha escrito el eurodiputado en su cuenta personal de la red social Twitter.
El origen de la demanda es un «error» en la traducción de las afirmaciones del juez, que el propio Boye reconoció el pasado 28 de julio que la demanda civil contra Llarena. Boye afirmó que pondría en conocimiento del juzgado belga esta errata.
Las declaraciones de Llarena tras participar en un curso en Oviedo fueron: «No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados».
En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como «y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación».
Según Boye, lo que ocurrió es «un mero error de traducción» y no existió ningún tipo de intencionalidad ni cambió el sentido de la demanda.
Redacción