Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús Barrientos, se le ha acabando la paciencia. Se multiplican sobre su mesa las quejas por las dilaciones indebidas o injustificables del juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, el instructor del llamado “Caso Macedonia”.
Son más de 10 años de investigación sobre un supuesto caso de corrupción policial que implicaba a mossos d´esquadra, guardia civil y policía nacional y que, con el paso del tiempo, se ha ido desmoronando como una azucarillo en un café caliente.
Tras el posicionamiento explícito de la Audiencia de Barcelona al exigir en dos ocasiones al juez concreción en sus imputaciones y celeridad para cerrar un caso -agotado a todas luces, según la propia Audiencia-, ahora el TSJC ha decidido tomar cartas en el asunto y tras inspeccionar el juzgado le ha ordenado a su titular que le informe de la situación de la causa por escrito cada tres meses.
Barrientos quiere tutelar qué es lo que está haciendo el juez, de qué diligencias se trata, si son o no apropiadas, sin son preceptivas o, simplemente, si resultan razonables en términos procesales para instarle a que acabe de una vez la instrucción.
La investigación nació como “el gran caso de corrupción policial” y ha acabado siendo poco menos que una anécdota fruto de la obsesión del juez que se empecinó en ver en esa causa unos indicios criminales que nadie más atisbó.
Le han dejado solo
La Fiscalía Anticorrupción le ha dado de lado. Se ha salido de la causa. El ministerio público, si bien acompañaba al juez en los primeros meses de instrucción, enseguida se dio cuenta de que la causa tomaba unos derroteros incriminatorios que la acusación pública no compartía.
La Abogacía del Estado ya le ha informado que también abandona la causa.
Los guardias civiles imputados por Aguirre por unos gravísimos delitos de narcotráfico y corrupción ya han sido juzgados -finalmente por una mera falta-, y fueron absueltos de forma fulminante sin que la Fiscalía recurriese dicha absolución.
Los agentes y oficiales del Cuerpo Nacional de Policía han visto como, de ser imputados en estas diligencias y satanizados en la prensa, todas sus causas se han ido archivando una tras otra sin necesidad de llegar a juicio.
En lo que compete a los mossos cabe decir que el inspector del cuerpo, Antoni Salleras, ex responsable del grupo anticorrupción de la policía la autonómica, lleva imputado por el juez -contra el criterio del fiscal- desde hace años sin saber exactamente de qué se le acusa.
Salleras recurrió la imputación ante la Audiencia y su sala 21 le ha reclamado al juez que de una vez por todas le comunique qué indicios objetivos y concretos tiene contra este inspector para poder decidir si avala su imputación o, por el contrario, si archiva la causa como ha ocurrido con la inmensa mayoría de los agentes imputados.
Un “gran caso” que se cae
Aguirre abrió la investigación convencido de que se encontraba ante un caso que dejaba en anécdota al llamado “caso UCIFA”, aquel que de la mano del juez Garzón llevó al banquillo a diversos agentes de la Benemérita por pagar con droga a confidentes.
Hace 10 años, a raíz de la detención de un presunto narcotraficante a quien se le intervino un kilo de cocaína junto a 39 paquetes de harina, Aguirre construyó una teoria que fue el cimiento de su investigación: Una red de narcos gozaban del amparo y protección de todo tipo de policías a cambio de prebendas.
No eran ni tan siquiera indicios pero sobre esa base puso a trabajar a todos los cuerpos policiales según le convino. Llego a solicitar a los mossos la entrada y registro de la comandancia de la guardia civil. Aguirre estaba seguro que los agentes antidrogas del instituto armado protegían a una red de narcos para la que trabajaba el camello detenido.
El juez a por Trapero
El por entonces intendente jefe de investigación criminal de los mossos, José Luis Trapero, le dijo al juez que no veía nada clara esa línea de investigación pero, que si el magistrado se lo ordenaba por escrito, naturalmente lo acataría y ejecutaría el registro. Aguirre no se atrevió a firmar esa orden. Esperaba que los mossos fueran quienes se lo pidieran, pero eso no ocurrió. Aguirre, entonces, situó a Trapero en su punto de mira.
Durante la tramitación de la causa, el juez, sin disimulo alguno, preguntó a decenas de testigos sobre la relación de Trapero con un presunto colaborador policial, Manuel Gutiérrez Carbajo, -sobre el que Aguirre ha hecho pivotar del “caso Macedonia”-, y no obtuvo ni un solo indicio que pusiera en duda la actuación del intendente.
Huida hacia adelante
En estos 10 años, Aguirre ha tenido sobradas oportunidades de rectificar, recular y reconocer que aquello que un día sospechó, correspondía a una percepción errónea. Un error que ha llevado a prisión preventiva durante semanas a, por ejemplo, un sargento de los mossos al que unos supuestos narcotraficantes sobornaron, no con dinero o joyas, sino con una “¡caja de donuts¡”.
El juez no dio su brazo a torcer y empezó lo que algunos abogados personados en la casusa han llamado “una huida hacia delante”. Da la sensación, según trasmiten a este medio fuentes próximas a la investigación sumarial, que su señoría trata de alargar la instrucción de la causa en un intento de descafeinarla por si sola.
Sus superiores en la judicatura han dicho basta, hartos, tras 10 años de contemporizar con las idas, venidas y retrasos de un juez que se ha quedado solo, únicamente arropado por sus pensamientos, por el extinto sindicato Manos Limpias que ejerce la acusación popular con el beneplácito del juez y por los cada vez más escasos adláteres mediáticos que, hasta ahora, le jaleaban las gracias.
Carlos Quílez