Iván P., ha reconocido que entre diciembre de 2014 y julio de 2015 dejó en varias ocasiones una mochila con una cámara en su interior en el vestuario femenino de la comisaría con el objetivo de filmar a sus compañeras mientras se ponían el uniforme o se duchaban.
El acusado, para quien la acusación ejercida por las 17 compañeras a las que grabó pide también once años de inhabilitación, ha mostrado su arrepentimiento ante unos hechos que, ha reconocido, «no se pueden justificar de ningún modo» y que le avergüenzan.
No obstante, ha alegado que en aquella época se encontraba en «una situación personal complicada» y que, en todo caso, desea reparar a las víctimas «en todo lo que sea posible».
De hecho, el acusado ya ha abonado a las diecisiete agentes de los Mossos afectadas una cantidad total de 60.000 euros en daños morales, como había solicitado la Fiscalía.
Por su parte, las 17 agentes afectadas han relatado ante el tribunal los sentimientos de «vulnerabilidad», «traición» e «intimidación» que sufrieron cuando se descubrieron los hechos.
Además, han señalado que también se han visto afectadas en su día a día, porque muchas personas les han preguntado continuamente por las grabaciones y porque algunos compañeros las han acusado por «ser unas aprovechadas» y por «intentar arruinarle la vida» al procesado.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
Redacción