El ministro de Interior no ha dado detalles de cómo se aplicará este compromiso de neutralidad, pero ha insistido en subrayar la importancia de que los espacios públicos «sean de convivencia y de encuentro, y no de desencuentro» y que los Mossos d’Esquadra «tienen parámetros» para garantizarlo. Lo ha asegurado en una comparecencia conjunta con el conseller de Interior, Miquel Buch, tras una reunión de dos horas de la Junta de Seguridad de Cataluña.
Buch, sin referirse al compromiso anunciado por el ministro, ni concretar tampoco como se garantizará la neutralidad, ha precisado que la Generalitat no considera que exista un «problema de convivencia» en Cataluña y ha asegurado que los Mossos intervendrán cuando alguien «busque algo más que un debate».
No obstante, ha lamentado que a partir de la segunda quincena de agosto, «un partido determinado», en alusión a Ciudadanos, hizo llamamientos para retirar lazos amarillos, lo que ha provocado «más actividad» en este sentido, ante lo que ha pedido que no se caiga en «provocaciones» y que, si hay enfrentamiento, se llame a los Mossos.
La polémica por los lazos amarillos ha sido uno de los asuntos tratados en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya que el primer punto del orden del día se ha dedicado, a instancias del Ministerio, a analizar la convivencia en el espacio público.
En la rueda de prensa conjunta posterior al encuentro en el Palau de la Generalitat, Marlaska ha enfatizado el compromiso de «lealtad institucional» entre Gobierno y Generalitat en pro de la seguridad ciudadana y ha resaltado la colaboración que ha habido y seguirá habiendo entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos.
En relación a los lazos amarillos, el ministro ha subrayado que le preocupa que haya enfrentamientos en la calle por la colocación y retirada de los símbolos y ha apuntado que se debe hacer un uso «adecuado» del espacio público para que «todo el mundo pueda ejercer sus derechos y libertades».
En este sentido, ha resaltado que existe un compromiso de la Generalitat y de los Mossos para garantizar la «neutralidad» de los espacios públicos, que tienen que ser «para el encuentro y no monopolizados por nadie».
Sin embargo, el ministro no ha concretado cómo se procederá para garantizar esa neutralidad en los espacios públicos, tarea que ha dejado en manos de la policía catalana: «Los Mossos tienen los parámetros para garantizar este orden publico en primer lugar, y mi convencimiento es que así será».
A renglón seguido, Buch ha matizado que, a su juicio, no existe un «problema de convivencia» en Cataluña, ha pedido no caer «en provocaciones» y ha subrayado que los Mossos deberán intervenir cuando «alguien busca algo más que un debate» en el espacio público.
Por su parte, Marlaska, que ha insistido que los políticos están para resolver problemas, y no para crearlos, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolvió en una sentencia de julio pasado que las instituciones debían mantener la neutralidad de los espacios públicos, lo que considera que es un elemento a tener en cuenta.
Más allá del debate sobre la convivencia en el espacio público, donde pese al acuerdo para garantizar la neutralidad se han evidenciado diferencias veladas entre la Generalitat y el Gobierno, en la Junta se ha certificado la integración plena de los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que se hará efectiva en menos de 30 días, con la presencia fija de un representante de la policía catalana.
«Es un paso importante, que determina hasta donde llega nuestro nivel de compromiso recíproco», ha indicado el ministro.
También se ha acordado avanzar en la transmisión de datos entre cuerpos en materia de violencia machista, mientras ha quedado en el aire la petición del gobierno catalán para que el ejecutivo central apruebe la convocatoria de dos nuevas promociones de los Mossos d’Esquadra, de 750 efectivos cada una, en 2019 y 2020.
Buch ha destacado que con estas promociones, más la que ya está en marcha de 500 efectivos, buscan consolidar que la policía catalana disponga de una base de 18.000 agentes -como se estableció en una Junta de Seguridad previa en base a la población de Cataluña-.
Marlaska ha indicado que trasladarán su propuesta al ministerio de Hacienda, aunque ha precisado que intentarán que sea «proporcional» respecto al incremento de otros cuerpos del Estado.
Además del ministro y el conseller, han participado en la reunión el secretario del Departamento de Interior de la Generalitat, Brauli Duart, el director general de los Mossos, Andreu Joan Martínez, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, entre otros.
Redacción