La posición del Gobierno sobre la defensa del juez Llarena no ha hecho más que variar desde que se conoció la demanda civil que Puigdemont y otros cuatro políticos separatistas fugados interpusieron en un juzgado de Bélgica por falta de “imparcialidad” contra el magistrado español.
Aunque en un primer momento todo apuntaba a que el Gobierno español se iba a desentender, apenas unas semanas después decidieron pagar la defensa del juez. Para justificar tan volátil actitud, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha achacado la confusión generada a un problema de mala información y ha asegurado que la cartera que ella dirige ocupó el verano en recabar informes sobre el caso a fin de no cometer ningún error.
Sin embargo, lo que no ha revelado la ministra de Justicia es que una de las primeras consultas, cuando todo parecía señalar que el Gobierno no iba a apoyar a Llarena, fue al bufete de abogados Ilocad, especializado en Derecho Internacional, dirigido por Baltasar Garzón, íntimo amigo de Dolores Delgado, según han confirmado fuentes cercanas al despacho a Estrella Digital. “Fueron conversaciones extraoficiales, entre miembros del ministerio y abogados especializados. La de Llarena es una situación anómala y no es extraño que se consulte”, sostienen estas fuentes.
Sin embargo, los consejos de Ilocad podrían no ser del todo imparciales. Cuando el Supremo confirmó la inhabilitación a Baltasar Garzón, Pablo Llarena fue un firme defensor de la decisión del Alto Tribunal. “Parece que el auto que decretó la apertura del juicio oral – un auto sólidamente construido en términos jurídicos – ha visto corroboradas las sospechas iniciales a través de la prueba del juicio oral y eso parece que ha sido lo que ha llevado al convencimiento del tribunal», señaló. Palabras que entonces sentaron muy mal a Garzón, convencido de que la mayoría de sus colegas de profesión iban a cerrar filas a su favor, como sí hizo la actual ministra de Justicia.
Los que sí estaban a favor de defender al juez Llarena, a quienes finalmente se ha escuchado, fueron los miembros de la Abogacía del Estado, que presentaron varios informes en los que concluían que las declaraciones privadas efectuadas por el juez y que motivaron que Justicia negara en un primer momento la defensa en Bélgica «no son ajenas al legítimo desempeño de su función como magistrado del Supremo» y pedían la contratación de un abogado en Bélgica, «con el fin de llevar a debido efecto la representación y defensa del Estado español, conforme a las normas que regulan el proceso belga a los efectos de invocar la inmunidad de jurisdicción».
Fuentes del ministerio de Justicia han asegurado desconocer las conversaciones entre el gabinete de Delgado y el despacho de Garzón. “No obstante, la decisión de defender a Llarena ha sido muy meditada y en ningún caso se ha visto condicionada por la opinión o consejo de un solo sujeto, sino que se han recabado todos los informes que han resultado pertinentes. Ha sido una decisión muy medida y decir otra cosa sería faltar a la verdad”, defienden.
En todo caso, la decisión de Delgado de consultar a Garzón, no es extraña, en base a la sólida amistad que les une desde 1993, cuando ella trabajó codo con codo con Garzón en la Audiencia Nacional cuando éste era titular del juzgado número 5. Tanto se fortaleció su vínculo, que Delgado dejó su puesto y siguió a Garzón cuando se marchó al Tribunal Penal Internacional mientras era investigado en el Supremo por prevaricación. Desde el primer momento, se convirtió en una de sus más firmes defensoras, asegurando que el exjuez estaba siendo objeto de una «campaña mediática brutal». «Ha llegado a ser un modelo que tal vez muchos jueces más jóvenes quieren emular», sostuvo en su día. Cuando finalmente fue inhabilitado, Delgado no dudó en acompañarle a su llegada a la AN cuando le fue notificada la sentencia.
De momento, Llarena ya tiene que quien le defienda, a pesar de las reticencias iniciales. El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación legal del Estado español y del juez ante el tribunal de Bruselas, en una causa que, según fuentes del ministerio de Justicia, esperan que quede clara la soberanía y competencias de España. “No es una cuestión económica, se trata de defender la independencia judicial de España”, concluyen.
Bárbara Baron