Como ya adelantó Estrella Digital, el juez instructor número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se ha quedado prácticamente solo en su cruzada investigadora contra narcos, policías nacionales, guardias civiles y mossos d´esquadra a los que considera miembros de una macro trama de corrupción policial, el llamado “caso Macedonía”. La Abogacía del Estado ha abandonado la causa. También la Fiscalía Anticorrupción que hace años ya dejo de ir de la mano de un juez que parece obsesionado con esta investigación de la que, para muchos, ha hecho aparentemente una cuestión personal.
A Aguirre sólo le queda el aliento que le ofrece el extinto y controvertido sindicato ultra Manos Limpias que ejerce la acusación popular y que ha sido el combustible del que se ha nutrido el juez para avanzar en sus indagaciones.
Cascada de archivos
La investigación nació hace 10 años y con el paso de ese tiempo uno a uno los imputados han sido declarados inocentes o sus causas archivadas.
Salvo un grupo de presuntos narcotraficantes a los que se les aprehendió un kilo de cocaína, sólo quedan 4 mossos d´esquadra con la catalogación de “investigados” en la causa. Con el paso de los años y de forma paulatina, casi una veintena de policías, otros mossos y guardia civiles han quedado fuera de la inicial imputación por ausencia de indicios o de pruebas.
Ahora, a estos cuatro mossos el juez les atribuye el delito de ocultación de documentos, omisión de perseguir delito, revelación de secretos, falsedad en documento público, obstrucción a la justicia, encubrimiento y tráfico de estupefacientes.
Aguirre afirma en un auto notificado el pasado día 10 de septiembre que estos mossos protegían a narcos y le ocultaron algunos pasajes de algunas conversaciones telefónicas intervenidas que podían resultar comprometedoras para esos presuntos delincuentes.
La fiscalía le gira la espalda
Pues bien, el juez, tras ser apremiado oficialmente por la Audiencia de Barcelona y por el Tribunal Superior -que le ha ordenado que le rinda cuentas cada tres meses- para que cierre esta cansina y deslavazada investigación de una vez, ahora se destapa con este auto en el que concluye que se debe de juzgar a los cuatro agentes.
La fiscalía no lo ve. Ya recurrió en su momento y lo va hacer también ahora. Para el ministerio público, no existe ni prueba ni indicio de mala praxis por parte de los mossos imputados. Así lo argumentó con especial firmeza el primer fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, para muchos un referente jurídico y procesal en anticorrupción.
Aguirre solo y molesto
El juez parece molesto con la fiscalía. Así, en este auto del 10 de septiembre critica la poca proactividad del ministerio público como si ello hubiera dificultado avanzar más y mejor en la instrucción. Dice Aguirre:“El ministerio público se preguntaba en su escrito de apelación -en el que ya hace dos años se negaba a la imputación de los mossos-, cuál podía ser la razón por la que tales agentes de la autoridad cometieran tal conducta, si bien -añade el juez con una afirmación que parece extraprocesal y extrajurídica- en los interrogatorios de aquellos (los mossos) tampoco realizó preguntas al respecto para resolver sus dudas, pues la intervención de fiscal se caracterizó por notable brevedad”.
La culpa, del fiscal
Aguirre no se queda aquí. En ese auto realiza una afirmación que ha escandalizado a algunas de las más reputadas defensas personadas en la causa.
El juez hace referencia a un supuesto narco de nombre Tareq Domínguez Mohamed presunto abastecedor de drogas a uno de los presuntos delincuentes imputado en el “caso Macedonia”. Aguirre depositó muchas esperanzas en que Tareq, que llegó a ser detenido y prestó declaración judicial, aportase datos fiables que cimentasen sus sospechas sobre las actividades corruptas del conjunto de la trama.
Aquirre sostiene que se trata de un clan organizado dirigido por el imputado Manuel Gutiérrez Carbajo y en el que tendría también un papel nada residual el comisario de los mossos, José Luis Trapero, a pesar de que jamás se atrevió a citarlo ni siquiera como testigo.
Peligrosa insinuación
Tareq Domínguez tras esa declaración ante el juez y tras quedar en libertad por orden de Aguirre, desapareció. Otro juzgado, el número 17 de Barcelona inició una investigación en la que puso a trabajar al CNP y a los mossos en la búsqueda de Domínguez. Los mossos concluyeron que Tareq Domínguez había sido asesinado porque habría trascendido entre el hampa su “aproximación al juzgado” para colaborar en la investigación. Su cadáver, si se produjo el asesinato, nunca ha aparecido. Pues bien, en el auto del 10 de septiembre que imputa a los 4 mossos supuestamente hermanados con la mafia, Aguirre dispara de nuevo contra la fiscalía al afirmar lo siguiente…: “El ministerio fiscal no solicitó ninguna medida cautelar y Tareq quedó en libertad. Poco después su pareja denunció su desaparición”. Aguirre parece señalar que el causante último del desenlace que acabó sufriendo Tareq Domínguez es el fiscal que, al no solicitar ninguna medida cautelar, habría dejado al juez sin la palanca para encerrarlo lo que provocó la libertad del investigado, una libertad que le condujo a la desaparición. Aguirre omite decir si “Manos Sucias” pidió o no medida cautelar al respecto en aquel interrogatorio.
Los mossos implicados en este affaire han anunciado la interposición inmediata de recursos.
Carlos Quílez