viernes, noviembre 22, 2024
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El Vaticano es tajante: la presencia de Franco en el Valle es ilegal desde 1983

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Desde hace 43 años, fecha en la Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, al lado del altar mayor, nunca faltan flores frescas en la tumba del dictador. Ahora, con el decreto de exhumación aprobado, la familia deberá buscar otro emplazamiento. Pero no vale cualquiera: deberá ser uno que no contravenga el Código de Derecho Canónico, como sí hace el actual sitio de reposo del genocida, pese a que hizo de España un Estado confesional y católico.

Así, el Código de Derecho Canónico vigente, surgido tras el Concilio Vaticano II y que entró en vigor en 1983, es tajante al respecto. En su artículo 1242 señala: “No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso «eméritos»”. Es decir, que desde principios de los 80, como señalan fuentes del Vaticano, la presencia de Franco, “y más todavía bajo el altar”, es contraria a derecho.

No solo eso. Según el canon, 1239,  “ningún cadáver puede estar enterrado bajo el altar; en caso contrario, no es lícito celebrar en él la Misa”, cosa que se realiza a diario en el complejo de Cuelgamuros. Sin embargo, fuentes de la Conferencia Episcopal sostienen que Franco no está exactamente debajo, sino a “los pies, esto es, a unos centímetros de lo que entenderíamos por exactamente debajo, por lo que sí se podría celebrar Misa, tal y como se viene haciendo”.

A pesar de que la norma canónica es posterior al enterramiento de Franco, la prohibición de enterrar en templos es muy anterior, según la normativa aprobada en España en el siglo XVIII, concretamente en 1787. Carlos III impidió por razones de higiene y sanitarias los sepulcros dentro de las iglesias, aunque no dejó de darse sepultura a los muertos en los templos hasta 1804. “En el Concilio Vaticano II, la Iglesia vio la necesidad de impedir los enterramientos en Iglesias por razones de higiene y para evitar privilegios y especulaciones en torno a los nichos, pero eran normas que ya se estaban aplicando de facto en muchos lugares. Obviamente hay santos que ya estaban enterrados dentro y se intentó mantener esos lugares de devoción. Pero en la medida de lo posible se debería haber retirado restos de dentro de las Iglesias. Otra cosa son las criptas”, señalan fuentes de la Iglesia.

La criptas, continúan, se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Vaticano y una fuente inagotable de picaresca. “El artículo no es tan concreto como para ver si las criptas se incluirían o no en este apartado. La mayoría son anexos o subterráneos de los propios templos y es complicado establecer un límite. Y es ahí dónde surge el problema en el Valle de los Caídos: salvo Franco y Primo de Rivera, sobre los que no hay dudas, el resto están en una cripta, pero como sucede también con las del Escorial, la Almudena… y tantas catedrales. El Vaticano debería ser más claro al respecto”, sostienen estas fuentes.

En este sentido, denuncian que tanto las sepulturas dentro de las criptas como los propios nichos de los cementerios se han convertido en un adalid de la especulación española. “Se llegan a pagar sumas elevadísimas de dinero por los nichos dentro de las Iglesias, entre 200.000 y 300.000 euros, cosa que está prohibida, pero se sigue haciendo. A toda norma se le puede encontrar una trampa. Sin ir más lejos, el empresario Isidoro Álvarez, el que fue presidente de El Corte Inglés y que falleció en 2014 está enterrado en el interior de la iglesia de San Ginés en Madrid. En ese momento se argumentó que Álvarez poseía ese derecho antes de la prohibición canónica, pero en todo caso iría en contra de la legislación civil”, critican.

“La exhumación de Franco, si bien está hecha por motivos políticos, debería abrir un debate dentro de la Iglesia en el que se analicen los casos de personas enterradas dentro de los templos y se vea qué hacer con ellos. No hablo ya de líderes franquistas, como Queipo de Llano, sino de influyentes familiares de los ámbitos político, económico y social que siguen ‘burlando’ la prohibición de la Santa Sede. Es algo que debe acabar”, concluyen.

 

Bárbara Baron

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