El 13 de febrero de 2015 el juez Aguirre pidió socorro a la dirección de la policía. El juez investigaba los más imperceptibles detalles que le permitiesen certificar una acusación por corrupción policial contra un grupo de mossos en cuya jefatura, en última instancia, estaría el verdadero objeto de sus pesquisas: el entonces comisario, Josep Lluís Trapero.
Por otro lado, empezaba a ser público y notorio que desde la trastienda del Estado, un grupo de policías, amparados por la cobertura del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz y bajo el signo de salvar a España del desastre separatista de Catalunya, empezaban a remover la bajezas del nacionalismo Pujolista, grieta por la que querían introducir la bombas necesarias para volar las bases de independentismo en ciernes.
Aguirre y sus malas amistades
Aguirre, que es todo lo contrario a lo que representa y siente un independentista según aseguran quienes le conocen, pensó que la dirección de la policía sería su gran aliada porque compartían objetivos y planteamientos ideológicos aunque por motivos bien distintos. El juez, con su operación Macedonia, trataba de demostrar la connivencia de mossos, guardia civiles y policías nacionales con una supuesta red de narcotráfico. Ese descrédito gustaba en el ministerio de Interior.
El magistrado cree que los mossos le han omitido información y poco menos que se han burlado de él. Por su parte, la policía patriótica, auspiciada por los mandos de Interior, habría pagado por enarbolar la cabellera de Josep Lluís Trapero, que por entonces ya representaba la cara policial del independentismo.
Pacto secreto
El 13 de febrero del 2015, Aguirre le pide a la dirección de la policía que revise todo lo que su juzgado ha investigado sobre el “caso Macedonia” y le diga si se le ha pasado por alto algo, solicitud insólita que sonaba a plan b para reactivar al causa.
La dirección de la policía puso a sus mejores colaboradores a trabajar en tal misión y tras tres años de rebuscar en todo tipo de fuentes, de revisar las diligencias, de recabar nuevos datos de los principales imputados y de aquellos que un día lo fueron, después de todo ello, ahora el juez Aguirre ante la aplastante evidencia de que no hay donde rascar no ha tenido más remedio que archivar la llamada “piezas M” que, en su día le sirvió para excusarse ante la Audiencia por la tardanza en concluir este sumario.
La controvertida “Unidad de revisión de casos” que se creó por la dirección de la policía no le dio a Aguirre lo que buscaba. No encontró nada que no hubieran encontrado antes ni los policías, ni los mossos ni los guardia civiles que habían participado en la investigación del “caso Macedonia”. Y no encontró nada más. Aguirre ha archivado, pues, la pieza separada 2923/2009-3 M.
En fuentes jurídicas llama poderosamente la atención esta interrelación profesional entre el juez que investiga a un grupo de Mossos d´Esquadra por supuestas irregularidades en la investigación de un presunto caso de narcotráfico y una trama parapolicial cuyo objetivo era el desprestigio de personas o partidos vinculados con lo que se ha denominado “procés català”.
Villarejo toma partido
De hecho en uno de los informes de inteligencia elaborado por el ex comisario José Manuel Villarejo, con fecha 21.12.14 y bajo el título nota informativa Sumario Pujol, aparece expresamente el nombre de uno de los principales imputados por Aguirre en la “operación Macedonia”, el presunto colaborador policial, Manuel Gutiérrez Carbajo.
Villarejo se queja en ese informe de que su colega, el comisario Martín Blas, al margen de no investigar muchos apuntes sobre presuntas corruptelas de los Pujol , tampoco “se han seguido las investigaciones que vinculaban los contactos y/o las cuentas de Mestres (puerto de Barcelona) con la estructura que el narco Gutiérrez Carbajo mantiene con el tráfico de cocaína así como la posible complicidad de éste con algunos miembros de los mossos”.
La obsesión de los policías implicados en la llamada “operación Catalunya” para incriminar y desprestigiar a mandos de los Mossos es más que evidente. En otro de los informes de Villarejo se constata que desde la dirección de la policía se contactó con detectives para efectuar seguimientos a mandos de la policía autonómica.
¿Objetivo común?
En suma, existía una coincidencia por lo que respecta al objetivo de sus indagaciones: Los mossos, la policía de Catalunya. Este hecho vendría a justificar porqué el juez del “caso Macedonia” recurrió a la dirección de la policía -un hecho absolutamente excepcional tratándose de un juzgado de instrucción de Barcelona-, con sede en Madrid, para la investigaciones de esta pieza secreta, escondida durante más de dos años y que alcanzaba a personas “del entorno” del presunto colaborador Gutiérrez Carbajo.
El fiscal abandonó a Aguirre
Tal y como ha señalado Estrella Digital, Aguirre ha sido dos veces requerido por la Audiencia de Barcelona para que concluya “de una vez” este caso, en que el que desde que se inició, han ido acumulándose los archivos y las sentencias absolutorias para los imputados por este juez, un magistrado que sigue viendo en la “operación Macedonia”, una suerte de trama corrupta global que afecta a agentes policiales y a supuestos narcotraficantes. El fiscal anticorrupción hace años que ha abandonado al juez en su línea de investigaciones. El fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled pide el archivo de la acusaciones para todos los mossos acusados por Aguirre.
Carlos Quílez