«Yo no he presenciado la comisión de ningún delito, no he estado presente ante ningún hecho que me hubiera obligado a denunciar». Así de tajante se mostró ayer la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando le preguntaron por las polémicas grabaciones en las que comentaba con el comisario Villarejo, ahora en prisión, cómo varios jueces alternaron con menores de edad durante un viaje a Colombia. La ministra ha optado por acusar al PP de creer una grabación manipulada y ha dejado sin explicar por qué no denunció los hechos de ser ciertos o, por el contrario, por qué inventó acusaciones tan graves contra sus compañeros de trabajo. “Soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, de la extrema derecha, y de la extrema extrema derecha cuyo objetivo es paralizar la acción del Gobierno”, fue todo lo que acertó a decir.
Fuentes del entorno de la ministra reconocen a Estrella Digital que Delgado no atraviesa por uno de sus mejores momentos. Sin entrar a valorar la veracidad de las acusaciones, sostienen que la fiscal lleva días prácticamente recluida, sin querer hablar con nadie y sintiéndose víctima de un ataque sin precedentes. “Ella no era amiga de Villarejo, aunque sí de gente de su entorno, entre ellos, Enrique García Castaño. Ella tiene un carácter muy espontáneo y suelta lo primero que se le viene a la cabeza. Está muy dolida porque se hayan sacado de contexto unos comentarios realizados en el entorno privado y se haya dado por sentado que le une una verdadera amistad a Villarejo”, comentan.
En este sentido, recuerdan que en el momento en el que se produjo la conversación por la que ahora está siendo cuestionada, Villarejo era un comisario que acababa de ser condecorado. “Cuando ella acude al almuerzo, no tiene por qué dudar de la honorabilidad de alguien que no solo es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que estaba celebrando una de las medallas más prestigiosas que tiene la Policía Nacional. Hay que poner las cosas en su contexto”, advierten.
A pesar de que su relación con Villarejo podría no ser tan cercana como a primera vista pudiera parecer, lo cierto es que Lola, como se la conoce en la Audiencia Nacional, podría haberse animado a hacer tales confidencias por la confianza que le inspiraban otros miembros de la reunión, entre ellos, el propio García Castaño o el exjuez Baltasar Garzón. De hecho, Delgado era una asistente habitual a las comidas que ‘El Gordo’ solía realizar en el restaurante madrileño Casa Piluca, centro de operaciones de Villarejo y donde el comisario encarcelado presuntamente recibió uno de los pagos por el famoso Informe King, destinado a hundir la reputación de Gabriel Obiang, hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial.
No era la única persona de la Audiencia Nacional que acudía a esas comidas. Los magistrados Pedraz y Andreu compartieron mesa en multitud de ocasiones, según desveló el propio Villarejo en unas grabaciones difundidas por Público hace más de un año. Fuentes de la Audiencia Nacional confirman el clima de nerviosismo que se vive dentro de los juzgados. “Quien más, quien menos sabía de estas comidas. A nadie le extrañaría que aparecieran en cualquier momento grabaciones de algunos de los magistrados en activo cercanos a este círculo. A ellos se les nota en la cara, están desencajados a la expectativa de que les llegue el golpe. No es que hayan hecho nada ilegal, pero a día de hoy, una simple grabación con Villarejo te hunde”, aseguran.
Precisamente, el miedo a que se difundiera alguna de las grabaciones que Villarejo atesora sobre Andreu fue lo que truncó su nombramiento como secretario de Estado de Justicia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional iba a ser nombrado en el segundo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, el 15 de junio. El magistrado se despidió incluso de sus íntimos en la Audiencia. Sin embargo, Fernando Grande-Marlaska, era reticente al nombramiento: tenía miedo de que el nombre de Andreu saliera en grabaciones del policía encarcelado. Razones no le faltaban: en el caso contra Gao Ping, Andreu se tuvo que inhibir al estar imputado Carlos Salamanca, que también fue imputado en Tándem, por su amistad manifiesta con él. Finalmente, Pedro Sánchez tomó cartas en el asunto y prohibió que Andreu ocupara el despacho en el ministerio.
Por su parte, Pedraz ha negado siempre cualquier tipo de conexión con los policías imputados. A pesar de ello, fuentes cercanas a él comentan que, aunque no lo reconozca abiertamente, estaría preocupado por la vinculación entre Enrique García Castaño, que ha insistido en público en numerosas ocasiones que es íntimo amigo suyo, con los responsables de Manos Limpias, a los que Pedraz sentó en el banquillo. De hecho, ‘El Gordo’ está relacionado con el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernard, o con el dueño de LPM Seguridad, Lorenzo Díaz, empresario que pagó la cacería en la que coincidieron el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo, el juez Baltasar Garzón y la ministra de Justicia Dolores Delgado. “Se rumorea que puede existir una cinta en la que Pedraz habla con estos policías sobre la operación contra el sindicato. Pero son solo eso: rumores. No se puede poner en duda la honorabilidad de alguien por algo que no se ha probado. Es indigno”, enfatizan.
Tampoco Garzón se libra de su particular calvario. Tras la denuncia por prevaricación del número dos de Gürtel al conocerse que podría haber planeado el procesamiento del PP con Villarejo, la posibilidad de que acabe finalmente en el banquillo se acelera por momentos. Fuentes cercanas al despacho del exmagistrado califican la situación de Garzón como “complicada”. “No puede negar su amistad con el círculo de Villarejo, de hecho defiende a García Castaño y a Salamanca. Lo que le salva, en todo caso, es que a él no se le oye hablar de Gürtel. El comisario Villarejo es el que lo afirma, y es su palabra contra la de Garzón”, concluyen.
En todo caso, el círculo contra la ministra y sus allegados se va estrechando por momentos. Sin una explicación clara sobre su relación con Villarejo y sobre su presunto encubrimiento de delitos, la mayor parte de la oposición se ha unido para pedir una dimisión que parece no llegar. Y es que ¿podrá el gobierno de Pedro Sánchez aguantar otra dimisión en menos de cuatro meses?
Redacción