Con la negativa del Vaticano a prohibir el enterramiento de Franco en la Almudena sobre la mesa, el Gobierno busca a la desesperada la forma de ‘presionar’ a la Iglesia para que cambie de postura e impida que los restos del dictador reposen en el centro de la capital. Para ello, Sánchez cuenta con un ‘arma’ que pondrá sobre la mesa en la reunión que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, mantendrán el próximo 29 de octubre: las inmatriculaciones de la Iglesia.
Un reglamento franquista de 1947 permitía a los obispos inscribir en el registro de la propiedad cualquier bien sin necesidad de demostrar su propiedad, salvo con los templos destinados al culto. Sin embargo, en 1998 el Gobierno de Aznar permitió que también se inscribieran los templos sin necesidad de demostrar su propiedad. En 2014, se reformó la Ley Hipotecaria eliminando la posibilidad de inmatricular bienes de la Iglesia a través del artículo 206 ya que se entendía que ya había habido tiempo más que suficiente para inmatricular todos aquellos bienes que la Iglesia poseía sin título escrito.
Fuentes de la Conferencia Episcopal han detallado que, pese a que el Gobierno socialista lleva tiempo intentando recuperar estos bienes, en las últimas semanas se están recibiendo más comunicaciones al respecto. “El Gobierno socialista parece dispuesto a retomar la desamortización iniciada por Mendizábal hace dos siglos. Era una posibilidad que estaba sobre la mesa, pero que todos entendíamos que se debía buscar una solución negociada que satisficiera a todos. Ahora, parece que el Gobierno está utilizando el tema de las inmatriculaciones, que se hicieron legalmente conforme a las leyes hipotecarias del momento, para ‘castigar’ o ‘presionar’ a la Iglesia por no opinar sobre un asunto que no es de su incumbencia: dónde se entierra Franco. Nosotros no podemos negar la sepultura a nadie, haya sido quien haya sido. Nos cansamos de repetir que es una problema entre el Ejecutivo y la familia, como bien ha dicho el cardenal Osoro. La Iglesia tampoco va a ir en contra de sus principios por muchas presiones o intentos de chantaje que recibamos”, han explicado.
El pasado agosto, el Gobierno accedió a pedir y entregar el listado de todos los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1998, muchos de ellos sin acreditar su propiedad. Serán entre 30.000 y 40.000 en total, según afirmó recientemente un representante de la Conferencia Episcopal en la cadena SER. El Ejecutivo cumple así con una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada en abril. Una vez completo el listado será la Dirección General de Patrimonio quien decida cuáles de esas propiedades son del Estado, como bien público, y cuáles efectivamente pueden seguir registradas a nombre de la Iglesia.
La verdadera polémica viene, no obstante, con los bienes que están consideradas como bde interés cultural, unos 3.000. Entre ellos, se contabilizan hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga) o 616 santuarios (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad). “Hay que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como ‘de interés cultural’ fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación”, explican fuentes del Ejecutivo.
En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ha explicado que la Constitución y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas determinan que la Iglesia no puede apropiarse de ”bienes de dominio público”. Por ello, “si a pesar del control por parte del registrador, hubieran accedido a Registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica, conforme al Derecho sustantivo material. Los bienes de dominio público están «sometidos a los principios constitucionales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad”, ha precisado.
Por su parte, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, se ha mostrado más beligerante y ha denunciado la «desamortización encubierta» que se esconde tras el anuncio del Gobierno. «Defenderemos nuestros derechos», ha apuntado el religioso, quien quiso señalar que «la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad», recordando que «la Iglesia lleva en este país veinte siglos de manera continuada». Además, no ha descartado la posibilidad de acudir a los tribunales para defender estos inmuebles «dentro de un marco europeo». «La Iglesia cree en la legalidad vigente y lo que ha hecho ha sido inscribir unos bienes que ya poseía de manera secular. Solo pedimos que se respete lo más básico: el derecho a la propiedad», ha precisado.
La cuestión no es baladí, según el vicesecretario económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, “la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aportan a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año”, es decir, el 2% del PIB, según un estudio publicado por la consultora PwC. “Los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España aportan una riqueza cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica muy relevante a España”, ha enfatizado.
“Tomemos como ejemplo la comentada Catedral de Córdoba: ‘¡Qué se devuelva!’ han gritado muchos. En el siglo VI se construye en los mismos terrenos actuales la Basílica Visigoda de san Vicente, mártir. En el año 785 se destruye y empieza a ser construida la Mezquita. En el año 1236, en vez de ser destruida, y reconociendo y valorando el magnífico arte que encierra, se consagra la Mezquita como templo cristiano y es nombrada oficialmente como Catedral de Santa María tras la entrada de Fernando III en Córdoba. En 1882 es declarada, por el rey Alfonso XII, monumento nacional y en 1991 la Junta de Andalucía reconoce la titularidad eclesiástica. Sin la labor realizada por el cabildo durante los últimos 778 años hoy no podríamos disfrutar del templo, un monumento que cada año es visitado por más de un millón de personas de todo el mundo”, han concluido desde la Iglesia.
Bárbara Baron