Villarejo y Garzón parecen tener mucho más en común que las amistades. El abogado de Enrique García Castaño, socio del comisario, y el policía también comparten relaciones con empresarios. Es el caso de Eurofinsa. La constructora fichó a Villarejo para un contrato que rondó los 20.000 euros y, además, fue el principal donante español de la recién creada Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el organismo creado tras la sentencia que apartó al magistrado de la carrera judicial. En dos años (2012 y 2013), la compañía donó un total de 400.000 euros a la entidad.
Es ahí donde entra en juego un tercer conocido en común, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los magistrados Pedraz y Andreu compartieron mesa en multitud de ocasiones con el comisario, según desveló el propio Villarejo en unas grabaciones difundidas por Público hace más de un año. Curiosamente, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Eurofinsa, a la que acusaba de entregar 16,5 millones de euros en supuestos préstamos a altos responsables del gobierno angoleño. Sin embargo, el juez Pedraz consideró que “no estaba suficientemente acreditada la voluntad de la constructora española de corromper a los funcionarios para conseguir 300 millones de euros en contratos públicos”.
Pedraz siempre ha negado cualquier tipo de relación con Villarejo, pero ya son varios casos judiciales los que les unen. Fuentes cercanas a él comentan que, aunque no lo reconozca abiertamente, estaría preocupado también por la vinculación entre Enrique García Castaño, que ha insistido en público en numerosas ocasiones que es íntimo amigo suyo, con los responsables de Manos Limpias, a los que Pedraz sentó en el banquillo.
De hecho, ‘El Gordo’ está relacionado con el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernard, o con el dueño de LPM Seguridad, Lorenzo Díaz, empresario que pagó la cacería en la que coincidieron el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo, el juez Baltasar Garzón y la ministra de Justicia Dolores Delgado. “Se rumorea que puede existir una cinta en la que Pedraz habla con estos policías sobre la operación contra el sindicato. Pero son solo eso: rumores. No se puede poner en duda la honorabilidad de alguien por algo que no se ha probado. Es indigno”, enfatizan.
No es el único caso que salpica a la constructora. El pasado septiembre, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reclamó más de 104 millones de euros, entre cuota y sanciones, a Eurofinsa, del empresario Mauricio Toledano, expatrono de FAES (la fundación de José María Aznar), accionista de Libertad Digital y excliente de la trama de comisiones ilegales del exembajador Gustavo Arístegui y el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna.
Redacción