Miembros de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), de Sociedad Civil Catalana y de Impulso Ciudadano han entregado hoy en el Congreso un informe en el que se especifican unas 500 evidencias, en un centenar de centros catalanes, de una «trama nacionalista amparada por la Generalitat».
El informe, titulado «Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre», ha sido entregado por Ana Losada, representante de la AEB y una de las autoras del informe, que mañana también lo llevará al Defensor del Pueblo, al que ha valorado porque haya informado de que ha recibido 28 quejas sobre adoctrinamiento en aulas catalanas.
La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, y el portavoz de la formación naranja en Baleares, Xavier Pericay, han agradecido a Losada el trabajo con el que creen que «el Gobierno español no puede ignorar este problema».
Tampoco los informes -en referencia al que encargó en su día el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo a la Alta Inspección del Estado y que su sucesora, Isabel Celaá, no quiere hacer público- «pueden pasar ni un minuto más en un cajón», según Martín.
El trabajo realizado por cinco personas, entre ellas docentes y padres, ha contado con asesoramiento jurídico, según Losada, que ha asegurado que también podrían preparar otro informe con lo ocurrido el pasado 1 de octubre cuando se conmemoró el referéndum ilegal de 2017.
Para los denunciantes, desde hace treinta años, desde la época de Jordi Pujol, se está viviendo una situación de «indefensión» para los padres y alumnos no nacionalistas y hay un «entramado que trabaja para lograr la independencia» y que han detectado entre directores de centros, docentes e incluso Ampas.
«Ninguna institución en Cataluña da respuesta» a la mitad de los catalanes, según Losada, que también ha recalcado que muchos padres, por temor a «represalias», no denuncian las situaciones de «intolerancia» hacia los que no piensan igual que los nacionalistas.
El eslogan «La escuela catalana no se toca» se repite desde todos los ámbitos mientras «no se cumplen los derechos lingüísticos de nuestro hijos», según esta madre que cree que parece que «nunca es el momento» para ellos.
«Es un problema que puede crecer en Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra», han argumentado desde Ciudadanos.
Marta Martín ha anunciado que su partido no se va a quedar «parado» ni va a «dejar desamparada a la mitad de la sociedad catalana» y volverá a pedir la comparecencia urgente de Celaá para que responda sobre este asunto.
Redacción