La crispación política que vive el Congreso, agravada tras la moción de censura que alzó a Pedro Sánchez a la Moncloa, está viviendo un punto álgido motivado por las distintas iniciativas sobre cómo debe ser la financiación de los partidos políticos. Esta semana el PP ha presentado una polémica propuesta legislativa para suspender o limitar la financiación de los partidos políticos que tengan en sus filas a condenados por delitos como el de rebelión o sedición.
De esta manera, el PP pide una reforma de la ley de financiación de partidos para suspender temporalmente o limitar de forma parcial la financiación de formaciones que tengan dirigentes, cargos electos o afiliados con delitos tipificados en los títulos XXI a XXIV del Código Penal y si dichos partidos no los han expulsado. Como apunta el PP en la exposición de motivos, esta iniciativa pretende servir de «claro incentivo» para que los partidos expulsen de su seno a quienes incurren en estas «conductas penalmente punidas».
Y se trata de «evitar que el erario público pueda ser fuente de financiación de tales conductas delictivas» por parte de personas que «se valen del paraguas constitucional de un partido político para actuar», añade el texto. La reforma legislativa propone un mecanismo para que sea el Consejo de Ministros el que pueda suspender temporalmente o limitar la financiación de esas formaciones.
Esta limitación a la financiación de partidos en ciertos casos, contrasta claramente con la proposición aprobada en marzo por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y rechazada por el PP, que pretende que el artículo 6 de la Constitución Española recoja y blinde la financiación pública de los partidos políticos. En el escrito presentado se hacía alusión a la «necesidad de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los partidos políticos puedan cumplir plenamente con sus funciones constitucionales».
Fuentes del PP sostienen que es necesaria esta ley para impedir que los partidos utilicen fondos públicos para cometer actos delictivos, “motivo por el cual, recordemos, se ilegalizó HB”. “El problema es que el gobierno de Sánchez está sostenido por independentistas, que tienen a imputados por rebelión en sus filas. Por su parte, Rivera apuesta por blindar constitucionalmente la subvención a los partidos, por lo que esta ley complicaría mucho que se incluyera ese punto en la Carta Magna. Van a tener que retratarse. Pronto se verá quién es quién”, auguran.
Por su parte, fuentes del PSOE han asegurado que se trata de un tema complejo que habrá que estudiar con detenimiento, incluso “ver su encaje dentro de la Constitución”. “Una cosa es que un partido, como persona jurídica utilice ese dinero público con fines ilícitos y otra muy distinta es que porque un miembro cometa un delito se deba castigar a una formación política entera cortando su subvenciones. Es como con la corrupción. Una cosa es que un miembro de un partido sea corrupto y otra es que el partido, como persona jurídica, lo sea. Como en el caso del PP”, señalan. Desde Ciudadanos han declinado hacer valoraciones hasta que no estudien el texto a fondo.
Lo cierto es que las cuentas de los partidos dependen del dinero público–el 80% de sus ingresos proviene de subvenciones–. Las cifras son escandalosas: cada año reciben más de 50 millones de euros solamente del Estado. En general, entre 2007 y 2015, los partidos recibieron 2.400 millones del erario público –300 millones cada año–. Curiosamente, el PP es quien más depende de los fondos públicos. Prácticamente la totalidad de sus ingresos (89,2%) tienen ese origen. Le siguen PSOE y Ciudadanos, que están en el 72%. Por último, en Podemos sólo un 47,7% de sus fondos procede de subvenciones.
Análisis Estrella