“Bochornoso”, “insólito”, “vergonzoso”… En los corrillos del Supremo no han faltado calificativos tras conocerse que los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, es decir, quienes deberán fijar doctrina sobre quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas), se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean los bancos los que asuman el tributo.
“La reunión mantenida entre Lesmes y los seis magistrados de la sección tercera de lo Contencioso Administrativo que redactaron la sentencia es un caso inédito, así como el hecho de que se revise en un pleno. Los magistrados deben poder actuar con independencia e imparcialidad. No sabemos si ha habido presiones o no, lo cierto es que así no se puede trabajar con un mínimo de seguridad jurídica. Además, se ha tratado de engañar a la opinión pública con mentiras que no se sostienen”, comentan fuentes de la magistratura.
En este sentido, recuerdan que el pasado viernes desde el Supremo señalaron que el propio Díez Picazo, presidente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal, se enteró por la prensa del fallo de la sección sobre este asunto, y que dada la trascendencia de la decisión decidió que el siguiente caso fuera resuelto en Pleno para que lo validaran 31 magistrados en vez de los seis de la primera sentencia. Pero lo cierto, recuerdan, es que Díez Picazo, firmó el auto de admisión a trámite del recurso impulsado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) que ha dado lugar a la sentencia que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el impuesto de actos jurídicos documentados el pasado 15 de enero, por lo que desde dicha fecha el presidente conocía que el tribunal estaba revisando este asunto.
Estas mismas fuentes recuerdan el desacuerdo de los magistrados con Picazo no se limita solamente a la sentencia sobre las hipotecas. “La polémica comenzó en 2015, cuando se designó a este catedrático como presidente de lo Contencioso-Administrativo. Su nombramiento rompió un regla no escrita por la que debería haberse dado continuidad a la presidencia por entonces del magistrado de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Sieira. Es más, grupo de magistrados dirigió un informe a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, denunciando la existencia de presiones dirigidas a aceptar su nombramiento, en el que se criticaron las «continuas» injerencias del poder ejecutivo en el judicial”, aseguran.
Las críticas se están reproduciendo en todo el Poder Judicial. Varias asociaciones, de hecho, ya han pedido la dimisión de Picazo por lo que califican como de «nefasta gestión». Así, desde Jueces y Juezas para la Democracia estiman la actuación del magistrado ha generado «incomprensión y mala imagen» para la administración de justicia, con su «nefasta gestión» de un asunto «del que es único y exclusivo responsable». ”Además de alarma social, se ha generado desconcierto en la ciudadanía, que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, además de inseguridad jurídica. Todo ello ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, añade la nota, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”, mantienen.
En esta misma línea también se ha manifestado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que pide explicaciones ante la nota lanzada por el presidente de la Sala. A su entender, «no aclara» qué va a ocurrir tras la reunión del pleno, sino, al contrario, «crea confusión y no contribuye a la imagen de la independencia del Poder Judicial». «La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos», dice en un comunicado.
Por su parte, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej) ha mostrado, en un comunicado, su «perplejidad y desacuerdo» con la suspensión de los señalamientos, al entender que lo correcto «debe ser la continuación» de todos los recursos pendientes. En su opinión, la repercusión económica y social alegada por el Supremo el pasado viernes «no es justificación suficiente» en tanto que «excede la misión constitucional del Poder Judicial y el principio de separación de poderes, pretendiendo asumir un papel protagonista en la dirección económica del Estado». Motivos por los que lamenta cualquier criterio que no beneficie a los sectores sociales «más desfavorecidos frente a los intereses de los poderes financieros que, en ningún caso, deberían prevalecer sobre las instituciones democráticas».
Más allá del alto tribunal, la polémica sobre los actos jurídicos documentados ha llegado al Congreso de los Diputados, donde Izquierda Unida ha registrado su petición para que Lesmes explique «con urgencia» la paralización exprés de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas. Para su portavoz, Alberto Garzón, la medida dictada el pasado viernes, apenas un día después de que se conociera la nueva doctrina, demuestra la capacidad de la banca «para intervenir ante las instancias públicas».
Bárbara Baron