El pleno ha dado el visto bueno a una declaración institucional presentada por la CUP, que ha contado con la firma del equipo de gobierno de Barcelona en Comú, del PDeCAT y de ERC, así como de los dos concejales no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.
Los concejales de Cs han abandonado el pleno durante este trámite y, al igual que los del PP y del PSC, no han suscrito esta declaración.
En el citado texto se acuerda «reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales».
«Rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI -prosigue el texto-, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017».
El texto concluye con la reafirmación del «compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».
La presidenta del grupo de Cs, Carina Mejías, ha calificado de «inaceptables» esta y otras declaraciones aprobadas hoy, como otra en favor de la «libertad inmediata» de los políticos soberanistas en prisión y para exigir «garantías jurídicas» para los independentistas que han huido, presentada por el PDeCAT, y una última en apoyo del cuerpo consular «ante las medidas» adoptadas por el Ministerio de Exteriores, de ERC.
El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández, ha explicado que no han abandonado la sesión para dar voz a todos los catalanes «que defienden las instituciones del Estado y la monarquía», «frente a quienes quieren desprestigiar las instituciones con voluntad de destruir lo que es y representa España».
La portavoz socialista, Carmen Andrés, ha dejado constancia de que el PSC no ha suscrito ninguna de estas declaraciones y ha reiterado su respeto y defensa de todas las instituciones.
Tal y como ocurre con estas declaraciones, no ha habido intervenciones en el pleno a favor de estas iniciativas, sino que se ha dado lectura a las mismas.
El Gobierno recurre la reprobación del Rey en el Parlament
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado hoy que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce «idóneo».
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por «sentido de Estado», ya que entiende que la resolución del Parlament es «inconstitucional», aunque, en todo caso, «respeta» la resolución del Consejo de Estado.
El Gobierno sostiene que la resolución es inconstitucional porque «supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República».
Considera además que su «intento de abolición de la monarquía» y su «ataque injustificado al rey» es inadmisible y representa una «extralimitación de sus funciones».
El Consejo de Estado, sin embargo, entiende que la resolución del Parlament es «netamente política, no jurídica» y señala que ese tipo de mociones parlamentarias «no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos».
Celaá ha destacado que el dictamen, señala, no obstante, que esa resolución supone un «grave atentado al principio de lealtad institucional» y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una «total falta de respeto» a la más alta magistratura del Estado.
El Ejecutivo tiene la «convicción» de que la resolución del Parlamet del 11 de octubre debe de ser recurrida ante el TC, ha explicado al ministra, «no porque imagine nada que no esté encima de la mesa, sino porque considera que la figura del jefe del Estado es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria en una Cámara autonómica».
Por eso, agradece el trabajo del Consejo de Estado y respeta su dictamen, pero no comparte en su totalidad su argumentación jurídica e interpondrá «en breve plazo» recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución.
El órgano consultivo ha concluido que dichas resoluciones del Parlamento de Cataluña «no constituyen objeto idóneo para su impugnación por la vía prevista en el artículo 161.2 de la Constitución», pero tal y como recuerda el Gobierno este dictamen es preceptivo pero no vinculante.
Redacción