El 5 de noviembre de 2017, el comisario que se creía invencible entró en prisión. Dicen los que lo conocen que Villarejo esperaba su arresto. No se cansaba de repetir que las maniobras de su enemigo, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, habían dado sus frutos, que se la tenía jurada desde el célebre programa de Évole donde le llamó públicamente ‘el Generalísimo’. Pero también estaba convencido de que su encarcelamiento iba a quedar en nada, que las horas y horas de grabaciones a políticos, jueces, fiscales y empresarios iban a salvarle, que no iba a tener que utilizar jamás su famosa “traca final”. Se equivocaba. Hace un año ya que Villarejo cambió el número 14.773 –el de su carnet profesional– por el 2017014718, el que le corresponde como preso.
En Estremera, Villarejo vive ahora en el módulo polivalente 4, reservado para los reclusos que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde allí, ha ido planeando su estrategia para salir de prisión, siguiendo con especial atención todas las filtraciones de los audios que atesoraba y que se han producido en los últimos meses. La primera de ellas fue la cinta en la que la princesa Corinna acusaba a Juan Carlos I de usarla como testaferro para ocultar patrimonio del monarca. Nadie dudó de que el comisario buscaba chantajear al Estado para forzar su excarcelación. No dio resultado.
La segunda remesa salpicó a la ministra de Justicia. En los audios se escuchaba una conversación entre el comisario, el exjuez Baltasar Garzón y Dolores Delgado en la que Villarejo confesaba haber recurrido a prostitutas para sonsacar información a empresarios y políticos. Por su parte, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional no solo aplaudía esta idea sino que revelaba, a su vez, que ella había presenciado cómo distintos magistrados españoles alternaban con menores de edad en Colombia. El golpe, que podría haber hecho caer a la ministra, no dio resultado y Villarejo siguió aguardando en su celda una libertad cada vez más lejana.
La siguiente en la lista fue Cospedal. Además de escuchar jactarse al comisario de cómo trataba de destruir pruebas de Gürtel y avisaba a investigados en la trama, se desveló que Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, negoció conVillarejo elaborar un dossier sobre el papel del dirigente del PP Javier Arenas en la Fundación Asociación de Estudios Europeos, que llegó a presidir y en la que también participaban el extesorero Luis Bárcenas y el exeurodiputado Gerardo Galeote.
Con audios o sin ellos, lo cierto es que la suerte del comisario no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Según fuentes penitenciarias, el ánimo del policía ha cambiado drásticamente en el último año y ya no confía en salir de prisión antes de Navidad. Pasa el mayor tiempo posible encerrado en su celda y solo sale para las escasas visitas que recibe y para acudir a la enfermería. Atrás quedan los meses en los que prometía a otros reclusos ayudarles con sus asuntos en cuanto quedara en libertad.
De momento, sus numerosos intentos de que el juez De Egea anulara la prisión preventiva no han dado frutos. A principios de octubre, el magistrado acordó mantenerlo en prisión provisional porque el riesgo de fuga no se había reducido pese el tiempo transcurrido de instrucción de la denominada “Operación Tándem”, unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y que las líneas de investigación seguían abiertas, por lo que debía ser asegurada con la medida de prisión.
Además, el juez destacaba, aunque no como razón para acordar la continuación de la prisión, sino como dato que conlleva la dificultad instructora, la “absoluta falta de colaboración del investigado con la instrucción del procedimiento, ante los requerimientos realizados por el juzgado en orden a determinar el riesgo implícito meramente anunciado por el investigado, sobre los archivos de información que dice ser clasificada relativa a la defensa o seguridad nacional, omitiendo los archivos que deberían de ser excluidos del procedimiento así como las razones de ello”.
No parece que el juez vaya a cambiar su criterio. Ahora, Villarejo, solo y sin amigos, se empeña en demostrar que las filtraciones de sus audios son totalmente ajenas a él. Ya no cree que su información le salvará, al contrario. Fuentes conocedoras del caso aseguran que todo el entorno del comisario cree que tratar de salvar a Villarejo es una causa perdida y ha centrado todos sus esfuerzos en limpiar la imagen de Enrique García Castaño. Es más, en un giro inesperado de los acontecimientos De Egea ha pedido al Consejo de Ministros que autorice al Gordo a desvelar los secretos que conocía por razón de su cargo al frente de UCAO y que hable de operaciones muy sensibles para la seguridad del Estado.
Villarejo espera mientras tanto un milagro que evite el oscuro año judicial que le espera, mientras ve cómo sus mejores “troncos” bordean el temporal. Solo queda esperar a ver si, como prometió el comisario, se produce la tan anunciada “traca final”, que amenazaría a las más altas estructuras del Estado. Hasta entonces todo parece indicar que el policía seguirá leyendo cada mañana el periódico encerrado, como desde hace un año, en la celda la celda 3 del módulo 4.
Análisis Estrella