La relación entre Villarejo y Arturo González Panero se fue fraguando poco a poco. Los dos vivían en Boadilla y Panero, como alcalde, se reunía regularmente con los vecinos que así lo solicitaban. Fue precisamente en uno de estos encuentros donde se conocieron. ¿El motivo? El comisario ahora en prisión quería quejarse al alcalde de que iban a expropiar su casa para convertir el terreno en un aula medioambiental, como consecuencia de plan parcial bautizado como “Sector Sur3 Camino Bajo-Depuradora” aprobado en 2005 y que venía impuesto por la firma de un convenio expropiatorio para hacer una depuradora ratificado por Nieves Fernández Crespo, la anterior alcaldesa. Concretamente, según ha podido saber Estrella Digital, el Consistorio planeaba expropiar dos fincas familiares de 2.739 metros cuadrados del comisario, en una de las cuales se encontraba la vivienda del policía.
Al saber de la intención del Ayuntamiento, Villarejo pidió cita con el alcalde donde le explicó su problema. González Panero se comprometió entonces a visitar su vivienda y tratar de encontrar una solución. “Fui a ver su casa y, efectivamente, me pareció un disparate expropiar y demoler esa vivienda, aunque se le compensara. Fui acompañado de otros miembros del Ayuntamiento que compartieron esta visión. Por ello, se decidió ubicar el aula en otro emplazamiento”, explica Panero en declaraciones a Estrella Digital. Según detalla el excalcalde, quien le acompañó fue la primera teniente de alcalde, María Jesús Díaz Pérez. «En diciembre de 2008 se presentó a unas elecciones en mi contra, que perdió, apoyada por Bárcenas, Sánchez Arrán y Paco Granados», detalla.
Para lograr que no se expropiara la finca fue necesaria una modificación puntual del plan parcial aprobado. “La propiedad privada donde se ubicaba el equipamiento cultural (en relación al aula medioambiental que se quería construir] tiene en la actualidad un uso residencial unifamiliar (el chalé de Villarejo). Al objeto de posibilitar el mantenimiento de este uso y dado que el presente plan especial reubica este equipamiento, se califica el espacio ocupado por la edificación existente y sus zonas aledañas como residencial unifamiliar grado 1, y el resto de la finca privada como área ajardinada privada”, fue el acuerdo al que se llegó.
Finalmente, el Consistorio decidió, en octubre de 2013, no desarrollar este plan parcial, alegando “valores de protección patrimonial, medioambiental y paisajístico”, ya que llevar a cabo el proyecto hubiera supuesto la tala de casi 1.500 árboles en una zona limítrofe con un monte protegido. A cambio, el equipo municipal se comprometió a iniciar “los trámites que legalmente procedan en orden a valorar y compensar la pérdida de los derechos urbanísticos de los propietarios, bien en la indicada redacción del nuevo plan general o bien anticipando una permuta forzosa de aprovechamientos municipales”.
Y es que uno de los mayores perjudicados al no completar el plan fue José Domingo Rodríguez Losada, dueño del polémico hotel El Algarrobico y amigo de Arnaiz –el arquitecto que diseño el plan parcial de Boadilla-, ya que pensaba construir 219 chalés de lujo. Así, la zona en la que se pensaba desarrollar el plan “Sector Sur3 Camino Bajo-Depuradora”, pertenecían a once propietarios, aunque la mayoría era de Rodríguez Losada, quien a través de dos empresas, La Alcazaba de Boadilla y Losada 97, controlaba el 72% del ámbito. Curiosamente, el 2,69% era Premium Hoteles, cuya administradora única es Gema Alcalá Garcés, esposa de Villarejo.
Sin embargo, Villarejo no se conformó simplemente con que no expropiaran su casa e inició una particular vendetta contra el arquitecto y urbanista Leopoldo Arnaiz. Para vengarse, logró que la asociación Transparencia y Justicia, que Villarejo controlaba, se personara en la causa que el juzgado número 35 de Madrid instruía entonces contra Arnaiz, que estaba acusado de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La jugada no le salió bien. En 2016, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Arnaiz Eguren de los delitos de blanqueo y fraude fiscal. La asociación Transparencia y Justicia recurrió ante el Supremo pero un año más tarde, unos meses antes de que el polémico comisario ingresara en prisión, el Alto Tribunal decidió ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial. Villarejo fue obligado a pagar las costas, pero pudo conservar la casa en la que 6 meses más tarde, la Policía incautó horas y horas de polémicas grabaciones.
Redacción