Fuentes fiscales han informado de que el ministerio público ya ha remitido al Tribunal Supremo su informe, que no es vinculante, en el que solicita que se inadmita la querella que los letrados presentaron contra el juez de la Audiencia Nacional.
Por tanto, ahora es la Sala de Admisión, presidida por el magistrado Manuel Marchena, quien debe decidir si la admite a trámite.
La defensa de Villar Mir atribuye a García Castellón los supuestos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de comunicaciones, retardo malicioso en la Administración de Justicia y falsedad e infidelidad de la custodia de documentación.
Los abogados consideran que el magistrado se excedió en sus funciones al autorizar las escuchas telefónicas entre el empresario, imputado en el caso Lezo, y sus representantes legales entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, y creen que esta actuación pudo vulnerar el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente.
Parte del contenido de esas grabaciones se conoció al levantarse el secreto de la pieza 3 del caso Lezo sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), en la que se investigan presuntas comisiones de OHL al expresidente madrileño Ignacio González.
La querella se hace eco de los argumentos esgrimidos por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) cuando otorgó amparo a un abogado de Villar Mir el pasado 2 de julio en relación a «las graves distorsiones en la necesaria libertad e independencia» del mismo.
El juez García Castellón, por su parte, anuló de la causa las conversaciones intervenidas el pasado 20 de marzo e incluso anunció que ordenaría la destrucción de las escuchas con letrados.
Estos pinchazos revelaron una conversación en la presuntamente se hablaba de la necesidad de contar con un informe médico para que Villar Mir no acudiese a una citación ante la Guardia Civil el pasado 8 de enero, un asunto que está actualmente investigando un juzgado de Madrid.
Redacción