Tras pasar su primera Navidad en prisión, Rato acudirá a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares en un furgón policial, y junto a él irán pasando por el estrado la treintena de directivos acusados.
La sección cuarta de la sala de lo Penal presidida por la juez Ángela Murillo es la encargada de enjuiciar las supuestas irregularidades del salto al parqué de la entidad el 20 de julio de 2011, por las que la Fiscalía, que sólo acusa a los cuatro antiguos administradores, pide para Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores.
Representada por la fiscal Carmen Launa -que sustituye a Alejandro Luzón tras su nombramiento al frente de Anticorrupción- también achaca dicho delito al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años de prisión), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado, Francisco Verdú (dos años y siete meses).
No obstante, Anticorrupción se reservó, en la primera sesión del juicio, la posibilidad de añadir al delito de estafa a inversores que atribuye a la antigua cúpula de la entidad el de falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados, si bien esto no se conocerá hasta la presentación de las conclusiones finales, previstas para el mes de junio.
Entre los temas sobre los que debe pronunciarse la Sala destaca la legitimidad de los pequeños accionistas, que fue cuestionada por las defensas, así como el mantenimiento en la causa de las acusaciones populares y la posible aplicación de la doctrina «Botín».
Adoptada por el Supremo en 2007 y posteriormente matizada por la «doctrina Atutxa», con ella se cerró el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el entonces presidente del Santander, Emilio Botín, limitando el ejercicio de la acción popular cuando ni la Fiscalía ni los perjudicados ejerzan acusación.
Entre las acusaciones populares destaca la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el precursor de la querella inicial de la formación UPyD, Andrés Herzog, que debido a las dificultades económicas para seguir personados ha alcanzado un acuerdo con el bufete Rosales.
Las acusaciones, entre las que también figuran el movimiento 15MpaRato y la CGT, piden penas de hasta doce años para los exdirectivos y el socio auditor, y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA y la firma Deloitte.
El criterio de la fiscalía es favorable a mantener a las acusaciones particulares al considerar que la causa afecta «a la comunidad» y no sólo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por lo que no es partidaria de aplicar la «doctrina Botín».
Las defensas, por su parte, alegaron «indefensión» ante el posible cambio de criterio de Anticorrupción, y como señaló el abogado de Rato, Ignacio Ayala, aunque la fiscal es libre de «cambiar o no» su calificación, el problema está en si se puede hacer ese cambio y acusar «respecto a hechos que desconocemos y acusados que ignoramos».
Redacción