Madrid, 5 feb (EFE).- El jefe del servicio de informática del CGPJ investigado por si pudo haber dado información a José Villarejo se ha desvinculado del excomisario ante el juez y ha defendido que su firma electrónica aparecía en todas las peticiones de información del punto neutro judicial de forma automática.
Juan Carlos Garcés ha sido uno de los cuatro imputados que ha declarado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que también ha interrogado a un inspector de Hacienda, Antonio Chaparro, y a los inspectores jubilados de la Policía Manuel Novoa y Juan José Díez Álvarez.
En una breve declaración que apenas ha durado unos minutos, el informático ha explicado al juez que su firma aparece siempre por defecto en las millones de consultas que los juzgados del país realizan al CGPJ.
Es más, ha argumentado que su firma ha seguido apareciendo aunque haya sido apartado provisionalmente de sus funciones al frente del Punto Neutro Judicial, la red que usan los juzgados para consultar datos de ciudadanos en bases de entidades financieras, registros y organismos públicos, desde la Agencia Tributaria a la Seguridad Social.
Según su versión, ni tenía constancia de que las cuatro o cinco consultas realizadas en 2013 sobre perjudicados por la guerra familiar de los Cereceda, por las que está imputado, se estaban llevando a cabo ni tenía la posibilidad de saber quién las solicitaba.
Una información que, según ha dicho, es fácilmente consultable, por lo que cabe la posibilidad de que la Fiscalía solicite al juez próximamente que indague sobre quién realizó tales consultas de cara a llamarles a declarar, según han apuntado fuentes jurídicas.
Hoy también han declarado, por las piezas Land y Iron del caso Tándem, dos inspectores de Policía jubilados que han explicado que el excomisario Enrique García Castaño, considerado mano derecha de Villarejo y que era su superior en el departamento de la lucha antiterrorista, era quien normalmente les pedía información sobre personas concretas.
La Fiscalía sospecha que fue él quien les reclamó datos sobre perjudicados en estas dos piezas. En el caso de la pieza Land, Villarejo espió, por encargo de Susana García-Cereceda, a su hermana Yolanda García-Cereceda, al exmarido de ésta Jaime Ostos y a la viuda del padre de ambas, Silvia Gómez Cuétara.
Lo hizo en relación con la herencia del padre de Susana y Yolanda, Luis García-Cereceda, fundador de la lujosa urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Yolanda García-Cereceda, Jaime Ostos y Silvia Gómez-Cuétara están citados a declarar el próximo jueves en calidad de perjudicados para explicar al juez su versión de los hechos.
En el caso de Iron, se sospecha que García Castaño, conocido como El Gordo en los círculos policiales, buscó información sobre empleados de un bufete de abogados rival de otro despacho que contrató a Villarejo para espiarlos.
Según han informado fuentes presentes en la declaración, los dos policías han declarado que García Castaño les pedía toda la información que tuvieran de determinadas personas y lo hacía o bien verbalmente o escribiéndoles el nombre en un post-it.
Han aclarado que esto era un procedimiento normal porque era su superior quien se lo pedía y que ellos no cuestionaban para qué investigación necesitaba los datos.
El cuarto investigado citado hoy en el marco del caso sobre las actividades presuntamente ilegales de Villarejo ha sido un inspector de Hacienda por la pieza Iron, pero se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha tenido tiempo para estudiar la causa.
Mañana el juez ha emplazado a dos investigados más. Uno de ellos es Antonio Bonilla, inspector jefe de la Policía Nacional retirado que está citado a las 16.00 horas por Iron y también por la pieza Pintor, sobre un encargo a Villarejo del marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, para cobrar una deuda. El segundo citado por Iron es otro policía, Antonio Serrano.
A Bonilla se le atribuye también haber conseguido información para Villarejo como datos tributarios y movimientos bancarios. EFE