Es, en palabras de su presidente Carlos Lesmes, todo un «reto organizativo de una importante complejidad» para un tribunal muy poco habituado a juzgar causas y cuya infraestructura «no está preparada para este tipo de juicios».
De ahí el «esfuerzo de adaptación» que han tenido que realizar para que el juicio que acaparará toda la atención en los próximos tres meses se desarrolle con la «máxima normalidad».
El Supremo, que lleva semanas preparándose para acoger el que muchos califican como el juicio del siglo, calcula que, de los 600 periodistas acreditados, unos 250 trabajarán en sus instalaciones, sobre todo en aquellos días en los que se desarrollen los interrogatorios de los 12 acusados.
En democracia, tan solo el juicio de los atentados del 11-M generó una expectación mediática similar a la que se prevé con el procés en cuanto a número de acreditaciones y presencia de medios internacionales, de los cuales medio centenar serán extranjeros, principalmente europeos entre alemanes, franceses, suizos y holandeses.
Aquella vista oral tuvo lugar en un pabellón de la Casa de Campo de grandes dimensiones que fue alquilado por la Audiencia Nacional: nada que ver con la suntuosidad del que para muchos madrileños sigue siendo el Convento de las Salesas, sede del Tribunal Supremo desde 1873.
Ni mucho menos con el lustre del alto tribunal y de su Salón de Plenos, donde se celebrará el juicio, con paredes envueltas en seda de Damasco y dos lámparas de araña de estilo Luis XV.
Esta sala, probablemente la más grandiosa y solemne de entre los palacios de Justicia del país y donde cada año se celebra la apertura del año judicial y las tomas de posesiones de nuevos magistrados, será la que acoja a partir del martes un nuevo capítulo del procés: su versión judicial.
Tan solo 100 personas podrán entrar en ella. Veinticuatro serán familiares (dos por cada acusado), una veintena periodistas y el resto se destina a aquellos que quieran acudir al juicio. De esta forma, unas cincuenta personas podrán asistir de público cada día. Eso sí, después de hacer una cola en el exterior del alto tribunal y por orden de llegada.
Sin olvidar los dos parlamentarios vascos en representación de la cámara autonómica y las autoridades que quieran asistir, como muy probablemente hará el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien se tratará con la «deferencia que le corresponde» al ser «una autoridad pública española».
Un pasillo separará al público de los estrados. Presidiendo la sala estará el tribunal de siete jueces; a su izquierda, se han reservado tres plazas para la Fiscalía, otras tantas para la Abogacía y dos para Vox, acusación popular.
Al otro lado las 12 defensas, que no 12 abogados, pues los letrados principales estarán acompañados por compañeros de sus bufetes. Y en una decisión con pocos precedentes, el tribunal ha permitido que los acusados puedan seguir el juicio sentados junto a sus abogados o detrás de ellos para evitar la exposición de estar permanentemente en el banquillo. Ahí solo se sentarán cuando les toque declarar.
Y en los recesos -entre ellos una hora y media para almorzar- los doce líderes independentistas esperarán en una sala destinada generalmente a conferencias y exposiciones, situada justo debajo del despacho oficial del presidente del Supremo, en la que un restaurante les servirá un menú a un precio económico.
Salvo la veintena que estarán en Sala -y que irán rotando conforme pasen las jornadas- el resto de los 230 periodistas habilitados seguirán las sesiones en tres espacios diferentes: la biblioteca, la conocida como sala de la «aspirina» y el salón de actos.
Y como el procés vive constantemente de jornadas e hitos históricos, el juicio íntegro se transmitirá por primera vez en directo a través de la web del Poder Judicial, que ha elaborado una página ad hoc sobre la denominada «causa especial 2097/2017».
Todo ello con un objetivo claro: que el juicio se celebre con las máximas garantías de «publicidad y transparencia» para «poner de manifiesto la calidad de la justicia española».
Rafael Martínez