«La pretensión de los querellantes de que se abra una investigación prospectiva en torno al querellado aforado, es absolutamente desaconsejable por no asentarse en ningún dato o indicio que pueda aportar una mínima base de fiabilidad», expone la Fiscalía en su escrito al Tribunal Supremo, que ahora debe decidir sobre la admisión o no de esta querella.
Las acusaciones que contiene se sustentan en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.
La querella también va dirigida contra Corinna y Villarejo, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga.
En la querella, los dos partidos sostienen que no puede haber ninguna inviolabilidad del rey que impida investigar posibles delitos.
A este respecto, la Fiscalía destaca que la grabación en la que se basa la querella fue realizada en Londres cuando el rey emérito aún no había abdicado, por lo que los hechos denunciados habrían ocurrido en épocas en la que Juan Carlos I gozaba de la «inviolabilidad» personal que establece el artículo 56.3 de la Constitución.
En septiembre, el entonces instructor del caso Villarejo Diego de Egea archivó, a petición de la Fiscalía, la pieza Carol, sobre las revelaciones Corinna, al entender que no hay indicios de delito de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho respecto a Villarejo, que era el único investigado por estos hechos.
Sobre los hechos que Corinna atribuía al rey emérito, De Egea, al igual que la Fiscalía, concluyó que solo existía el relato que hace esta amiga del monarca y que en los documentos analizados no existía ningún dato que justificara esas manifestaciones, que además se referían a hechos ocurridos antes de la absdicación, por lo que el rey era inviolable.
Concretamente, Corinna habla en la grabación, incautada al socio de Villarejo Rafael Redondo, de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuye al rey, de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y de comisiones que don Juan Carlos supuestamente percibió por el contrato del AVE en Arabia Saudí adjudicado en 2011.
En diciembre, y tras el cierre de esa pieza, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación sobre el presunto pago de comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca (Arabia Saudí) para poder decidir si presenta una querella por estos hechos por corrupción.
EFE