Royo, que ha declarado como testigo en el juicio del «procés», era el secretario general de Diplocat, una entidad que ha desvinculado funcional y jerárquicamente de la Generalitat y de cualquier acto que tuviese que ver con el referéndum: «Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo relacionado ningún referéndum».
En su interrogatorio, sí que ha reconocido que Diplocat pagó una factura de 40.591 euros a «visitantes internacionales» que viajaron a Cataluña en los días previos al 1-O, pero dejando claro que no eran observadores internacionales sino expertos y parlamentarios que «querían conocer de primera mano la realidad catalana».
«Nosotros no dimos ningún honorario a observadores internacionales», ha dicho Royo, pese a que la Generalitat definió su visita como la primera «misión internacional de observación electoral».
Ha explicado que «era una práctica habitual» invitar a delegados extranjeros y «gente de prestigio» para seguir la actualidad catalana en actos como el día de Sant Jordi, la primera apertura de fosas en Cataluña de la Guerra Civil y el «proceso participativo» del 9N, para lo cual «se cubrían siempre los gastos de desplazamiento y hotel».
También ha admitido el pago por adelantado a «un grupo de expertos» que «no un grupo de observadores electorales», para «un análisis académico», pero que el portavoz de ese grupo devolvió la factura porque no iba a poder venir los días previos al referéndum.
Y respecto a las facturas para elaborar un periódico en inglés con artículos de prensa traducidos del catalán, ha dicho que desde 2014 se pagaban 2.600 euros al mes siempre con el presupuesto de Diplocat, pero ha admitido que desde julio de 2017 todas las facturas constaban como «pendiente de pago» sin explicar el motivo.
Eso sí, se ha desvinculado de unos pagos presuntamente realizados desde Bruselas al Hague Centre for Strategic Studies relacionados con la manutención de estos observadores, y ha sido tajante: «Nosotros somos un consorcio distinto a la Generalitat, no tenemos nada que ver con esto».
Royo ha reconocido que la Conselleria de Acción Exterior, presidida entonces por Raül Romeva (acusado de rebelión) le pidió contactar con organizaciones dispuestas a realizar una observación internacional «en el caso» de que se llegase a un acuerdo con el Gobierno para celebrar un referéndum.
El testigo, que ha enmarcado esta petición dentro de la normalidad dada la experiencia de Diplocat organizando observaciones internacionales en países como Armenia o Uruguay, ha relatado que se lo comunicó a algunas organizaciones y envió sus propuestas a la Conselleria, pero ninguna «siguió adelante», ante la falta de acuerdo.
Royo ha querido aclarar la «confusión» que, a su juicio, existe al relacionar la Conselleria de Acción Exterior y el Consejo con el Diplomacia Pública de Cataluña: «Son cosas distintas (…). No teníamos que ver con lo que hacía la Consellería del señor Romeva».
«Nosotros no éramos ningún Ministerio de Exteriores ni nada», ha asegurado Royo, que ha explicado que «el presupuesto del Diplocat no lo decidía la Generalitat», si bien su aportación «oscilaba entre el 85 y el 90 %» del total, complementadas por otras «aportaciones público-privadas» del resto de miembros del consorcio, formado por universidades, patronales, sindicatos y el equipo del F.C. Barcelona, entre otros.
Ha negado que el consorcio, presidido entonces por el president de la Generalitat Carles Puigdemont, persiguiese hacer «diplomacia» con otros Estados, sino hacer «diplomacia pública», es decir, «reconocer los activos de un territorio» para «atraer interés, personas, talento inversiones y establecer lazos de confianza entre la sociedad civil de un territorio y otros».
Una actividad que, según ha dicho, hacía con total «autonomía de acción y dirección».
Redacción