Coincidiendo con el primer fin de semana de la campaña a las elecciones generales, los pensionistas vascos han vuelto a salir a la calle y han evidenciado la importancia de su voto.
En Bilbao, unas 10.000 personas, según la Policía Municipal, han marchado en un ambiente festivo y reivindicativo tras una pancarta en demanda de pensiones «dignas».
Los portavoces del movimiento de pensionistas han recordado que el colectivo reclama desde hace más de un año que se garantice la subida del IPC a las pensiones y que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros.
En San Sebastián, también miles de pensionistas han tomado esta tarde las calles del centro de la ciudad para exigir unas «pensiones públicas dignas».
Los manifestantes, algunos de los cuales portaban carteles y paraguas morados, han pedido que ninguna pensión quede por debajo de los 1.080 euros, y han coreado numerosas consignas durante su recorrido.
En Vitoria, los pensionistas se han manifestado por la mañana y han pedido el voto para las formaciones que atiendan «sus justas demandas», según se recoge en el comunicado leído al término de la marcha.
En Madrid, alrededor de 800 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado esta tarde para pedir el blindaje de las pensiones y la derogación del artículo 135 de la Constitución que da prioridad al pago de la deuda pública.
Los manifestantes han recorrido la calle Atocha hasta la puerta del Sol con pancartas y lemas como «No al Pacto de Toledo» o «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden».
«Queremos que se garanticen las pensiones del futuro y que se deroguen las reformas laborales de 2011 y 2013 para eliminar la precariedad, porque si no las pensiones del futuro serán mínimas», ha señalado María Ángeles Poveda, portavoz de la coordinadora y de la plataforma Jóvenes Pensionistas (por incapacidad).
En el manifiesto, difundido durante la marcha, critican que todas las opciones políticas hagan «guiños» a alguna de sus reivindicaciones, pero que ninguna se comprometa «de lleno».
Consideran que la reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada en 2011 y que da prioridad al pago de esa deuda «mayoritariamente privada», por encima de los servicios públicos, pone en riesgo el futuro de las pensiones.
En Barcelona, un millar de personas han salido a la calle, convocadas por Marea Pensionista Cataluña, con las mismas demandas: pedir garantías para el sistema público de pensiones y advertir que solo recomendarán el voto para los partidos que defiendan las defiendan.
Los manifestantes han reclamado a los dirigentes políticos que, ante las elecciones generales del 28 de abril, se comprometan a mantener el salario mínimo interprofesional.
En Castilla y León, unos doscientos pensionistas se han manifestado por el centro de Valladolid y uno de los portavoces de la Coordinadora de Valladolid en Defensa de las Pensiones ha declarado que la normativa del Parlamento Europeo sobre el reglamento del producto paneuropeo de pensiones individuales perjudica el sistema público.
AM