«La entidad de gestión de derechos española tiene el firme compromiso de cumplir con los 17 requerimientos, conforme al calendario de medidas sugerido por la propia CISAC. Tanto el Consejo de Dirección como la Junta Directiva adoptarán próximamente una serie de decisiones que demostrarán que se van a realizar las transformaciones solicitadas», asegura la SGAE en un comunicado remitido en exclusiva a Efe.
La SGAE responde así a una información previa que, citando a un portavoz de la CISAC, confirmaba a Efe que tras haberse iniciado en diciembre un proceso sancionador contra la sociedad española por no cumplir con los reglamentos internacionales, su dirección se ha pronunciado a favor de una «potencial expulsión».
Frente a ese desenlace, la SGAE ha valorado «positivamente la disposición de la CISAC» y ha esgrimido como muestra de la voluntad de ambas entidades en la buena dirección «el intercambio de cartas y documentación».
El pasado marzo, el Ministerio de Cultura pidió a la Audiencia Nacional, que investigara el fraude por el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión -en lo que se conoce como «la rueda»-, y que interviniera la SGAE, presidida por Pilar Jurado desde el pasado 27 de febrero, cuando sustituyó en el cargo a José Ángel Hevia.
Jurado consideró que dicha intervención sería un fracaso y dijo públicamente que se estaban tomando medidas para paliar los errores.
«Tenemos en cuenta los compromisos y esfuerzos de la nueva gestora y presidenta de la SGAE para abordar los problemas y estaremos preparados para asistirlos en una solución tan pronto como sea posible», apuntó hoy por su parte la CISAC.
Ya en marzo de 2018, la CISAC retiró a la SGAE de su consejo de forma preventiva para evitar un potencial conflicto de intereses durante la investigación de sus prácticas de conducta y gestión -denunciadas por la Confederación Internacional de Editores de Música (IMCP)-, que suscitaban «serias preocupaciones».
Las quejas se refieren al supuesto favoritismo hacia algunos de sus miembros y el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión.
Redacción