Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia por el que se procesa a Camps, a su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller de Infraestructuras Mario Flores, junto a otras trece personas, en la pieza del caso Valmor referida a las adjudicaciones para el diseño y construcción del circuito urbano que acogió los grandes premios de F-1 entre 2008 y 2012.
La instructora, que acusa a Camps de idear, planificar, impulsar y dirigir la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en València con fondos públicos, recuerda que el expresident anunció en 2007 este proyecto, publicitando el «coste cero» de este «gran evento y proyecto emblemático» para la Comunitat Valenciana.
«Lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a las empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras» (GTP), afirma la jueza.
El auto expone que, según el informe emitido por la Intervención de la Generalitat y según un escrito del Tribunal de Cuentas, fue el GTP -sin competencias de construcción de infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos o instalaciones deportivas para acoger la F1- el que licitó, adjudicó y ejecutó todas las obras del circuito en 2007 y 2008.
La jueza indica que eso fue posible gracias al decreto 3/2007 del president de la Generalitat, por el que Camps asignó a la Conselleria de Infraestructuras, a través del GTP, la realización de los equipamientos complementarios para un circuito urbano en la conexión de la avenida de Francia, prolongación del paseo de la Alameda y el puerto.
El auto señala que, según la contabilidad financiera del ente gestor, el coste total de los distintos contratos imputados a la ejecución del circuito urbano ha ascendido a 88.829.624,91 euros entre los ejercicios 2007 y 2017, a cargo de los presupuestos de la Generalitat.
Según la instructora, el anuncio de Camps de que la celebración del evento deportivo tendría «coste cero» en afección de la trama urbana y «coste neutro», que además supondría mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, «finalmente ha resultado incierto».
La «única intención» de Camps era, para la jueza, proyectar su imagen como máximo representante de la Comunitat y obtener un «rédito personal a través de su proyección pública y política», dada la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2007.
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