Los socialistas, con 140 senadores, podrán manejar el hemiciclo sin sobresaltos y marcar su ritmo a la siempre pendiente reforma de la institución, cuya función territorial quedó condicionada en la pasada legislatura al estreno del artículo 155 de la Constitución.
Frente a ellos tendrán al PP, víctima de una hecatombe electoral que le ha hecho perder la mitad de los escaños que tenía en la Cámara Alta hasta quedarse con 74 senadores, y obligado a reinventarse tras disfrutar de mayorías absolutas consecutivas en las tres últimas legislaturas.
Una mayoría que al PP le fue particularmente útil a partir de junio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez hasta La Moncloa, para ejercer una férrea oposición al Gobierno socialista desde la Cámara Alta activando todos los recursos parlamentarios de control, incluidas las comisiones de investigación.
Así, tras haber logrado dar mayor protagonismo político al Senado haciendo oposición desde su mayoría absoluta, el PP ahora tendrá que desempeñar esta misma tarea pero desde la minoría, para lo que será clave la figura del portavoz del grupo, asumida en los últimos ocho meses por el senador Ignacio Cosidó.
El PSOE también se enfrentará a un nuevo grupo parlamentario, el de Ciudadanos, un partido hasta ahora relegado al grupo Mixto porque carecía de senadores suficientes para conformar grupo propio.
Los nacionalistas e independentistas refuerzan su posición, sobre todo ERC y el PNV, ambos con sus respectivos grupos, mientras Unidas Podemos sufre un importante descalabro porque no ha logrado ni un solo escaño en los comicios y de los 20 senadores con que contaba se queda solo con seis autonómicos que no le garantizan el grupo.
Con esos seis escaños, necesitará la ayuda de otra formación que le pueda «prestar» los cuatro senadores que precisa para llegar al mínimo de diez exigido para formalizar un grupo parlamentario, algo que podría hacer el PSOE, que tiene cinco escaños por encima de la mayoría absoluta de la Cámara Alta, fijada en 135 senadores.
Se trata de un panorama muy cómodo para los socialistas, que no tenían mayoría absoluta en el Senado desde 1996, y sobre quienes recaerá la responsabilidad de promover aquellas reformas de la Cámara que defendieron cuando eran minoría, para dar más voz a los grupos e intentar que cumpla con su función territorial recogida en la Constitución.
Los primeros pasos significativos se verán en la conformación de la Mesa que será elegida el próximo día 21, cuando se constituya el Parlamento surgido de las elecciones del pasado 28 de abril.
En la anterior legislatura, el PP se aseguró la mayoría con cuatro cargos (el presidente, el vicepresidente y dos secretarios), mientras el PSOE se quedó con dos (un vicepresidente y un secretario) y el PNV ocupó la otra secretaría.
No obstante, es tradicional que los principales partidos negocien conjuntamente los puestos de las Mesas del Congreso y el Senado, por lo que las cesiones que los socialistas puedan hacer a algún grupo minoritario del Senado pueden depender de los pactos el Congreso.
Una vez en marcha la legislatura, al partido mayoritario le corresponderá decidir si alienta una reforma cuyo alcance podría tocar incluso a la propia Constitución; para arrancar podría apoyarse en el tibio intento, uno más, para modernizar el Reglamento que se acometió a finales de la pasada legislatura.
El PSOE se quejaba de que el PP no convocaba la Comisión General de Comunidades Autónomas, y que el entonces grupo mayoritario atropellaba a las minorías, hasta el punto de que su portavoz, Ander Gil, llegó a proclamar: «El problema del Senado no es la reforma del Senado. El problema del Senado es el PP».
Ahora, con el PP en la oposición, al PSOE se le abre una nueva oportunidad para promover una reforma que todos los grupos reclaman y reconocen necesaria pero que nunca llega.
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