En una videoconferencia desde la ciudad belga de Waterloo, donde permanece huido de la Justicia española, Puigdemont ha dado por hecho que el juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid, a quien el Supremo ha trasladado la decisión final, revocará el veto de la Junta Electoral y sentenciará que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí pueden ir a las listas del 26M.
El Supremo ha concluido que Puigdemont, Comín y Ponsatí, pese a «hallarse en rebeldía», pueden concurrir en las europeas, ya que no cumplen ninguno de los requisitos de inelegibilidad, si bien ha devuelto el caso al juzgado contencioso-administrativo de Madrid para que resuelva de inmediato.
«Hemos convencido, hemos vencido y mañana quedará documentado», ha asegurado Puigdemont, quien ha garantizado que los tres políticos se podrán presentar «porque tienen derecho», antes de agregar que la decisión de la Junta Electoral ha sido «un intento vergonzoso» e «impropio de una democracia» de detener un proceso electoral.
En su opinión, la consideración favorable del TS pone fin a «esa tentativa de alterar los resultados electorales» porque -ha dicho- «ha sido tan flagrante que (en España) han temido por las consecuencias que habría conllevado la persistencia en este error».
Ha aseverado que las instituciones españolas «han querido apartar» a JxCat del Parlamento Europeo: «Saben que si somos escogidos, alzaremos el dedo, tendremos iniciativa y correremos para denunciar las irregularidades y el déficit democrático» de España.
Por ello, ha celebrado la «victoria en Madrid» que, para él, supone la resolución del Supremo, y ha aseverado: «Que abandonen toda esperanza quienes creen que nos pueden doblegar torciendo el derecho».
Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha alertado de que, «sin duda», emplearán «todos los instrumentos jurídicos al alcance para exigir responsabilidades» dado que, a su juicio, «lo ocurrido es tan grave en un estado democrático pleno que debería ser la Fiscalía quien tendría que actuar».
Boye ha denunciado que el objetivo de la JEC era «acallar a Puigdemont» y que «la lista de JxCAT no se presentara» a los comicios europeos, conscientes de que «la estrategia jurídica que necesitan» el expresident y los exconsellers «es que se puedan mover libremente por Europa y tengan inmunidad».
También ha criticado «el poco margen» de tiempo que dio la Junta Electoral a JxCAT para que rehiciera sus listas tras el veto a los tres políticos huidos, a raíz de lo cual han tenido que hacer «esfuerzos inhumanos».
Y ha concluido con contundencia: «no me cabe duda de que mañana por la mañana el Contencioso-Administrativo dictará una sentencia en los términos que hemos pedido», porque «el TS ha establecido los criterios interpretativos de la norma».
En el auto de la Sección Cuarta, el Supremo deja claro que no es competencia suya dilucidar sobre el recurso interpuesto por los políticos ante tres órganos (el propio alto tribunal, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y la JEC) tras la exclusión de su candidatura.
No obstante, sostiene que el sufragio pasivo es un derecho reconocido en la Constitución a todos los españoles, por tanto, también a Puigdemont, Comín y Ponsatí, por lo que «sólo cabe excluir de su ejercicio a quienes se encuentren incursos en causa de inelegibilidad».
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