Según han informado fuentes próximas al presidente catalán, Torra se desplazará el próximo 15 de mayo -en plena campaña municipal de las elecciones europeas y municipales- al Palacio de Justicia para prestar declaración, en una comparecencia que previsiblemente suscitará concentraciones de apoyo a las puertas del TSJC.
De esa forma, el presidente de la Generalitat seguirá los pasos de su predecesor Artur Mas, que en octubre de 2015 acudió a declarar a la sede del TSJC como imputado por la consulta del 9N, a pie y arropado por cerca de 6.000 manifestantes y unos 400 alcaldes soberanistas con las varas alzadas, en una imagen que fue censurada por el alto tribunal catalán por considerarla un ataque a la independencia judicial.
Mas evitaba así hacer uso de la prerrogativa que permite a los presidentes de la Generalitat solicitar al juez instructor que le tome declaración en su despacho oficial, a diferencia del caso contra los «indignados» acusados del cerco al Parlament, en el que el expresidente catalán fue interrogado por videoconferencia en el juicio y previamente, en la fase de instrucción, contestó por escrito a las preguntas del magistrado.
También hace ya más de tres décadas, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fue interrogado en el despacho de su residencia oficial de la Casa dels Canonges por el juez del caso «Banca Catalana», aunque en esa ocasión no estaba formalmente imputado, puesto que la causa se encontraba todavía en fase preprocesal.
La fecha señalada para la declaración de Quim Torra la ha elegido la propia Oficina de Presidencia de entre varios días de los meses de mayo y de junio que le propuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en los últimos años había sido reacio a fijar declaraciones de casos con significación política en época de campaña electoral.
En su providencia, que el presidente catalán ya ha firmado, el TSJC emplaza a Torra a acudir a declarar asistido por uno de los dos letrados que ha designado para su defensa, o por los dos.
A la declaración está previsto que asistan, además, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres -quien firmaba la querella contra Torra-, y un letrado de Vox, formación que ejerce la acusación popular en el caso.
La querella acusa a Torra de desatender «reiteradamente» las órdenes de la Junta cuando mantuvo simbología «partidista» en edificios públicos, lo que en su opinión reviste «especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía».
La Fiscalía añade en su querella que el presidente catalán desoyó «consciente y deliberadamente» el requerimiento «claro y expreso» emitido por la Junta Electoral y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar, «aunque fuera de manera encubierta y simbólica».
Tras recibir el ultimátum de la Junta, el pasado 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla.
Ello motivó una nueva resolución de la Junta Electoral, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos d’Esquadra retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.
Redacción