En un auto, la Sala desestima la devolución de la fianza a Vila, ordenada por la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y que el acusado pagó el 3 de noviembre de 2017, al objeto de «poder sufragar los elevados costes económicos de desplazamiento, alojamiento y manutención ocasionados por la celebración» del juicio del «procés», en el que afronta siete años de cárcel.
Pero los magistrados sostienen que «no se ha modificado la situación de riesgo de sustracción a la acción de la Justicia por el hecho de que el solicitante se limite a cumplir lo que no es sino expresión de una carga procesal: comparecer personalmente a las sesiones del propio juicio oral».
Y añaden que «la determinada situación económica» por la que atraviesa «no justifica la devolución de la fianza, ya que el factor decisivo para determinar su calidad y cantidad es el mayor o menor interés para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial y no los efectos que la fianza prestada puedan causar en su patrimonio».
Dicho de otro modo, precisan los magistrados, «el elemento determinante es el riesgo de sustracción de la Justicia, que precisamente la fianza pretende conjurar mediante la ejecución pecuniaria que supondría tan sustracción de manera efectiva».
Joan Segarra, abogado del despacho Molins que defiende a Vila en el Supremo, expuso en su escrito que el juicio ha comportado una «relevante disminución de los únicos ingresos económicos» de que dispone el exconseller, debido a la «drástica limitación de su actividad laboral».
Concretamente señaló que Vila ha tenido que suspender las clases que imparte en la Universidad Ramon Llull y ha visto «reducida considerablemente» su actividad laboral como director de una empresa de Banyoles (Girona) -Aigües de Banyoles, SAU-, dado que solo puede trabajar en ella uno o dos días semanales como máximo.
Además de los gastos por sus viajes a Madrid, Vila denunció que igualmente tiene que hacer frente a los costes legales de su defensa, «sin ayuda económica de ningún tipo».
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