De traje y custodiado por dos agentes y junto a su abogado, Bárcenas, que retiró su acusación en este procedimiento, ha testificado en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid por las destrucción de los dos ordenadores portátiles del extesorero que ordenó el PP.
Esta mañana la representante del PP, acusado como persona jurídica; el asesor jurídico Alberto Durán; la exgerente Carmen Navarro; han manifestado que los ordenadores eran propiedad del PP y que cuando el jefe informático José Manuel Moreno los encendió, sin que introdujera ninguna contraseña, no había ni un solo dato o información, de manera que procedieron al borrado seguro de los terminales porque era «material del partido».
Pero Bárcenas ha dicho todo lo contrario. «Los ordenadores eran siempre míos», se entraba «siempre con contraseñas» y contenían «información que siempre fue relevante» por eso le pidió a su abogado en julio de 2013 que los reclamara al PP, porque había «recibos escaneados» de «pagos reflejados» en la contabilidad B que figura en los denominados como papeles de Bárcenas.
El extesorero, que cumple una condena de 33 años de prisión en la cárcel en Soto del Real (Madrid) por la trama Gürtel, ha detallado que en el Toshiba «había hojas de cálculo, datos con mis cuentas corrientes, presupuestos del partido, campañas, como se financiaba, hojas excel y otras que daban continuidad a eso que se llama mis papeles».
Y en el Apple, ha continuado, «había documentos escaneados de recibís, complementos a la información de los papeles que van desde 1990 a 2008, soportes documentales, presupuestos de campañas, cómo se habían financiado, quienes habían sido los donantes y autorizaciones firmadas por personas que suscribieron las acciones de Libertad Digital».
Ahora bien, ha querido dejar claro que «no tenía el más mínimo interés en hacer pública» esos documentos porque era «información confidencial» que había gestionado con el extesorero Álvaro Lapuerta.
No obstante, ha precisado que más tarde, tras hablar con su abogado de entonces, decidió entregar todo a la Justicia, no solo el pendrive que remitió a la Audiencia Nacional con la caja B del PP sino los ordenadores con esa «información histórica, delicada y relevante».
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