Despacio ha ido carburando la actividad en las Cortes Generales después de la sesión constitutiva del 21 de mayo; dos meses más tarde, las Cámaras estarán a pleno rendimiento y fuentes parlamentarias consultadas no descartan que en agosto haya trabajo.
Durante este mes los tiempos de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, y los del Congreso y el Senado han avanzado a ritmos iguales.
Entre reivindicaciones por comenzar cuanto antes, sobre todo procedentes del PP y de Cs, a las que se sumó Unidas Podemos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, fijó fecha para crear la Diputación Permanente, el pasado martes, día 23.
A partir de entonces, se ha desplegado el calendario: las comisiones cogerán forma el martes y el miércoles próximos en el Congreso, en tanto que en el Senado lo harán el miércoles, todas de golpe.
Pese a ello, la negociación para la investidura que iniciaron el PSOE y Unidas Podemos el fin de semana pasado, y que a pesar de la crispación mantuvo hasta el último instante la posibilidad del acuerdo, provocó que los grupos sopesaran retrasar la creación de las comisiones.
Dado que tales órganos parlamentarios deben amoldarse a la estructura del Gobierno, un nuevo Ejecutivo de Sánchez habría provocado cambios en los nombres y en su número, en correspondencia con los ministerios.
Sin embargo, fracasaron las negociaciones y fracasó la investidura del candidato socialista, y los grupos entonces repartieron los papeles de sus diputados entre las comisiones previstas.
Comisiones, cabe recordar, que en su mayoría se denominarán igual que los departamentos ministeriales del actual Gobierno. Aparte hay otras de ámbito exclusivo parlamentario.
En el Congreso se constituirán 24 y en el Senado, 29, y aunque el método de composición no es complejo, suele venir precedido de una serie de acuerdos políticos.
Para que las comisiones empiecen a funcionar deben formarse sus mesas, es decir, los órganos que ordenan los debates y marcan las sesiones en el calendario.
Las mesas las integran un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios, que los 43 diputados de cada comisión -es el número acordado para esta legislatura- votan en urna por llamamiento. Tienen que depositar unas papeletas con el nombre pactado para los diferentes puestos.
Los grupos llevan una semana negociando quiénes los asumirán, pues no es baladí en el Congreso y en el Senado gestionar las mesas de las comisiones.
Fuentes parlamentarias han indicado a Efe que las negociaciones no han resuelto aún el reparto de los cargos, especialmente las presidencias. El PSOE contempla que Unidas Podemos, su supuesto socio en la Cámara Baja, ejerza cuatro o cinco, pero las reticencias no se han evaporado.
Desde las direcciones de ambos grupos recalcan que el desenlace de las conversaciones para la investidura no influirá en la distribución de las presidencias.
El grupo socialista, por ser el mayoritario, es el que lleva la batuta y el que ofrece a los distintos grupos un número de comisiones más o menos ajustado a su representación parlamentaria.
En el PP y en Cs prefieren ser prudentes porque durante los últimos días han intercambiado propuestas que les generan más antipatías que simpatías, pues comisiones tradicionalmente en manos de la oposición, como Presupuestos o Pacto de Toledo, podrían quedar fuera de su órbita.
También es motivo de fricción la presencia de Vox. El PSOE quiere excluir a sus representantes de las mesas, demanda que no comparten ni los populares ni la dirección de Ciudadanos por una razón: son el quinto grupo de la Cámara.
Otro de los flecos por cerrar es la entrada en el listado de presidencias de ERC y del PNV. Las fuentes consultadas estiman que ambos asumirán una o dos cada una.
Haya o no acuerdo, las comisiones se harán realidad la semana que viene, y aunque en agosto no se prevén sesiones extraordinarias, les irán llegando las iniciativas de los grupos ya registradas más las nuevas que presenten.
Pudiera ser que reciban alguna de las tres peticiones de comparecencia que la Diputación Permanente debatirá el martes que viene, entre ellas una del PP y de Cs para que Sánchez explique por qué no ha cesado al ministro de Interior por los incidentes contra dirigentes de la formación «naranja» en la manifestación del Orgullo.
Si saliera adelante esta reclamación, lo que sería una sorpresa por no estar avalada a priori por la mayoría de la Cámara, se tendrá que convocar un pleno extraordinario.
Las fuentes consultadas, además, puntualizan que está pendiente la celebración de un pleno para que Sánchez informe sobre los acuerdos que desembocaron, a primeros de este mes, en la renovación de las más altas autoridades europeas.
Agosto no paralizará completamente el Congreso, aunque sin duda bajará su actividad a la espera de otra Diputación Permanente a lo largo de la segunda quincena.
Y a la espera de que Sánchez reanude las negociaciones para una nueva investidura, seguramente en septiembre.
Para entonces, el Congreso y el Senado habrán salido del actual letargo veraniego.
Estrella Digital