Se trata de una línea para los extranjeros que sufren algún robo o percance y pueden encontrarse en una situación de desamparo en territorio español, que «se ven abocados forzosamente a comunicarse con la Policía mediante ese número de elevado coste», lo que encarece «injustificadamente» sus facturas telefónicas.
Esta asociación reclama también a Interior que sustituya cualquier otro número de atención telefónica a disposición de los usuarios que pertenezca a la Policía Nacional con prefijo de tarificación especial por una línea que no suponga un coste superior al de una llamada a una línea fija geográfica o móvil estándar.
FACUA insiste en la necesidad de que las administraciones públicas cambien estos teléfonos por otros que no supongan un perjuicio económico para los usuarios.
A su juicio, la administración debería ser especialmente escrupulosa, más aún que las empresas, a la hora de fijar unas numeraciones que no supongan un coste adicional en sus teléfonos de atención a los ciudadanos, especialmente en casos como este, donde la Policía ofrece un servicio de seguridad a los usuarios.
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