«Hemos abierto diligencias y vamos a estudiar y analizar la denuncia presentada; si las acusaciones son ciertas, aplicaremos la ley escrupulosamente, tomando las decisiones que tengamos que tomar dentro del marco jurídico», ha señalado Rodríguez en una rueda de prensa.
El conselleiro ha insistido en que el Ejecutivo autonómico «ya ha probado que hace cumplir la ley y trata igual a todas las familias, con independencia de quienes sean», toda vez que en 2017 «ya multó a Carmen Franco por incumplir sus deberes como propietaria de un Bien de Interés Cultural (BIC)», aunque su fallecimiento impidió que llegase a pagarla.
Esta multa se impuso al comprobar que Carmen Franco no cumplía con su obligación de permitir visitar el Pazo de Meirás al menos cuatro días al mes, como obliga su condición de BIC; el conselleiro ha precisado que, si no se impuso una multa similar en 2018, «sería porque no se cumplía con la casuística».
«Si en el expediente se demuestra la casuística que llevó a sancionar a esta familia, se la sancionará sin ningún tipo de duda», ha zanjado Rodríguez.
Al ser preguntado por las acusaciones de apología del franquismo que pesan sobre las visitas al Pazo de Meirás, el conselleiro ha respondido que «la Fiscalía, que es la que debe investigar esta situación, es conocedora de la situación de las denuncias impulsadas por distintos delitos».
Rodríguez ha recordado que la Xunta «tiene la obligación de hacer cumplir la legislación como bien patrimonial, cumpliendo con el requisito de los cuatro días mensuales», pero que el proceso judicial abierto para recuperar el Pazo de Meirás para su uso público «depende del Gobierno central», aunque el Gobierno autonómico también se ha sumado al mismo.
Estrella Digital