Sin embargo, ni la caída, primero, de algunos de sus directivos de confianza ni la del propio banco el pasado julio han conseguido que el nombre de FG figure como investigado, al menos de momento, en un sumario aún bajo secreto cuyo contenido podría empezar a desvelarse a la vuelta del verano.
Hasta la fecha, prácticamente todos los altos cargos del BBVA implicados, antiguos y actuales, han optado por permanecer en silencio a la espera de conocer qué grado de participación en los presuntos hechos delictivos atribuyen los investigadores a cada uno de ellos.
Una estrategia que sólo ha desafiado Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, sociedad participada del grupo, hasta el pasado 26 de julio cuando fue cesado de su puesto horas después de mostrar su voluntad de colaborar con el juez Manuel García Castellón, instructor de la llamada «operación Tándem».
Días más tarde, Béjar se personaba por tercera vez en el juzgado, en esta ocasión a petición propia, para declarar durante más de tres horas sobre el presunto espionaje que la entidad habría encargado al comisario José Villarejo entre 2004 y 2017, según él para localizar morosos y en el que nunca tuvo capacidad de decisión alguna.
Más allá de su relato, el exdirectivo sorprendió al aportar nueva información, postura que la Fiscalía Anticorrupción entendió como señal de cooperación, lo que le llevó a retirar la petición de fianza por importe de 500.000 euros previamente formulada al titular del juzgado central de Instrucción número 6.
Una vez analizados los archivos incautados a Villarejo y los entregados por el BBVA, en los que se sustentan las sospechas del Ministerio Público por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, queda por desvelar la incógnita que plantean los papeles de Béjar.
Aunque todavía mayor que la mediática es la expectación con la que aguarda cualquier tipo de detalle el resto de defensas, no en vano al tratarse de una causa bajo secreto sólo la Fiscalía, el magistrado y la propia parte interesada conocen el contenido exacto que se ha entregado.
Pendiente de nuevos movimientos se encuentra el BBVA, que el próximo 24 de septiembre declarará como imputado, en calidad de persona jurídica, ya con nuevo equipo al frente de su área de Regulación y Control Interno tras la marcha de Eduardo Arbizu.
Lo hará a través de un representante legal -normalmente vinculado a la asesoría jurídica de la empresa investigada- a la que se formularán preguntas sobre el sistema de prevención de delitos y cumplimiento normativo del banco, actualmente en tela de juicio por las pesquisas.
En su auto de imputación, el juez García Castellón advertía indicios de que la entidad podría haber consentido la contratación de Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podía reportar.
De ahí que quiera determinar si, en efecto, contaba con medidas para evitar el delito o si por el contrario «la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial» pudo facilitar la elección del grupo Cenyt, epicentro del entramado del excomisario.
Aunque todavía se desconoce la fecha concreta en la que se producirá, fuentes jurídicas apuntan a que el juez levantará el secreto sobre estas diligencias previsiblemente después del verano, lo que implicaría que todos los investigados volvieran a desfilar por sede judicial.
De sus testimonios y del sumario dependerá el futuro de González, que a finales de julio, justo cuando el temporal más arreciaba para el BBVA por su imputación, salía al paso con un comunicado en el que apelaba al rigor «intachable» con el que dirigió el banco durante casi veinte años.
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