Ambos concejales han defendido ante la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona que «creían» que estaban dando cumplimiento al mandato judicial que prohibía al Ayuntamiento abrir sus locales al público y trabajadores ante el «perjuicio irreparable» que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.
«Estábamos ante un acto político», ha sostenido Lladó, que ese día ejercía de alcalde en funciones, antes de agregar que no fue una jornada laboral «normal» porque la puerta principal del edificio El Viver -donde se ubica el consistorio- estaba cerrada, las luces y ordenadores apagados y no se hicieron trámites.
Téllez, otro de los seis concejales acusados del equipo de la exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) y entonces responsable del área de Recursos Humanos, también lo ha defendido así al asegurar que estaban «haciendo política» y «ejerciendo el derecho a la representación».
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