Los candidatos son catedráticos de Derecho, o de Sociología o Ciencias Políticas en activo y se unirán, una vez formalizada su elección por el Congreso, a los ocho ya seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Son cinco los candidatos, propuestos por los grupos PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos, y mañana tendrán que comparecer ante la citada comisión parlamentaria para exponer sus currículum y responder las preguntas que les puedan formular.
Juan Montabes, doctor en derecho por la Universidad de Granada y catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración; Consuelo Ramón, catedrática de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de Valencia; Inés Olaizola, catedrática de Derecho en la Universidad Pública de Navarra; Silvia del Saz, catedrática de Derecho Administrativo en la UNED; y Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional también en la UNED, son los cinco candidatos.
Tras la evaluación de la Comisión de Nombramientos, el paso siguiente será la ratificación para los puestos en la Junta, y posteriormente, sus tomas de posesión como vocales, lo que se producirá la semana que viene en la sede del árbitro electoral ubicada en el Congreso de los Diputados.
En esta primera reunión los nuevos integrantes votarán quién ejercerá la Presidencia y quién, la Vicepresidencia. Completan la composición de la Junta el secretario general del Congreso, que es también secretario del órgano electoral, y el director de la Oficina del Censo Electoral, quien participa en las sesiones con voz pero sin voto.
El trámite que deben seguir los vocales se diferencia del que afecta al CGPJ, ya que sus ocho candidatos son postulados a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual ya ocurrió el pasado 3 de agosto.
El CGPJ y el Congreso, en consecuencia, han procedido a la renovación de la Junta Electoral Central antes de una probable convocatoria de elecciones, aunque tras sobrepasar el margen de 90 días que fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
La situación de la investidura conduce en estos momentos a la disolución de las Cortes y a la publicación del real decreto de convocatoria de comicios.
El plazo constitucional para que haya investidura tras el fracaso del primer intento es de dos meses, y éste expira el 23 de septiembre.
Si antes de esta fecha no hay candidato, el real decreto se publicará al día siguiente, se disolverán las Cortes y comenzará a contar un periodo de 47 días hasta la jornada electoral, el 10 de noviembre.
Para cuando eso ocurra, si es el caso, la nueva Junta estará operativa.
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