«Todavía hay industrias que están intentando volver al negocio de la extracción de hidrocarburos, pero lo que no se dan cuenta es que nuestro país es el golfo pérsico de las energías renovables», ha afirmado el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, quien ve «absurdo» gastar dinero en la investigación de estos combustibles fósiles.
Barea mantiene una lucha férrea contra la técnica del «fracking», que consiste en explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos, y confía en que «no vuelva a surgir un nuevo boom en nuestro país» porque es la parte más «moribunda» de la extracción.
Iniciativas de almacenamiento en subsuelo como Castor han supuesto en su opinión «hipotecar España», algo que el responsable de campaña de Greenpeace ya aseguraba en 2015: este proyecto, una vez cancelado, costaría a la ciudadanía «4.400 millones de euros» y «ahora ese dinero se está oxidando en el mar».
Existen otros proyectos que aún siguen en sede judicial, como el almacén de gas en Doñana, «un disparate ambiental que se inició en 2006 y que aún siguen con intenciones de seguir», ha asegurado el coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona.
Según Carmona, el proyecto se «despiezó» en cuatro subproyectos y «aún se encuentran en procesos judiciales».
«Lo que no tiene ninguna lógica es que un Parque Nacional como Doñana sea quien sustente el veneno que acabará destruyendo el propio entorno protegido», advierte Carmona.
Además, este experto valora que «hasta ahora los tribunales, casi siempre, han dictado que es más importante el tema de los hidrocarburos por la economía del país, pero eso ha cambiado, a día de hoy, no sé qué juzgado podría admitir que explotar Doñana es más importante que conservarlo».
Este «cambio de mentalidad los órganos políticos y judiciales», según Carmona, viene precedido por las movilizaciones de la sociedad actual que «no admiten que se vulnere el entorno donde vivimos».
Un «claro ejemplo de la efectividad de estas movilizaciones» fue la paralización total del proyecto de prospecciones petroleras en Canarias, ha afirmado la responsable del programa marino de WWF en Canarias, Beatriz Ayala.
El proyecto se inició en 2001, cuando los responsables pidieron los permisos para realizar las actividades de prospección en la islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En 2004, tras varias batallas judiciales y una contestación unánime por parte de la sociedad, quedaron anulados por no entregar la presentación de estudios de impacto ambiental.
Pero años más tarde, en 2011, con la llegada al gobierno del Partido Popular, el ministro José Manuel Soria reabrió el proyecto de sondeos, cuando «nadie lo esperaba» y había quedado relegado al olvido.
Reactivaron los permisos mediante un nuevo real decreto, «otorgando a tres pozos exploratorios iniciar su actividad a 3.500 metros de profundidad, en una de las zonas más importantes a nivel Europeo de conservación de cetáceos», ha recordado Ayala.
Esta actividad generó «el mayor movimiento social que jamás se había visto en el archipiélago y tuvo tanta repercusión que llegó a la prensa internacional, «fuimos portada en el New York Times».
A pesar de todo, la compañía siguió adelante y, de los tres permisos que tenían autorización, perforaron en uno de los pozos.
En marzo de 2016, la multinacional anunció que acabaría con el proyecto «al no encontrar grandes indicios de hidrocarburos» pero Ayala tiene claro que «realmente la presión social quien la paralizó».
Por ello, para la experta de WWF, «estos movimientos ciudadanos, como el de Fridays For Future, son clave para salvaguardar el planeta y frenar proyectos que ponen en peligro el ecosistema que nos rodea».
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