Los dos concejales votaron a favor de la socialista Patricia Hernández como alcaldesa en el pleno del 15 de julio en contra de las directrices del partido, según alega esta formación política, tras unas negociaciones a varias bandas que el fiscal, Manuel Ángel Martín Marrero, ha definido como confusas.
Para el fiscal, el procedimiento de expulsión por parte de Ciudadanos ha dejado en la indefensión a los concejales y vulnera sus derechos fundamentales a la asociación y participación política, puesto que no se les dejó presentar alegaciones a unas pruebas aportadas cuando el expediente ya estaba en fase de recurso ante el comité de garantías del partido.
Los dos concejales, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que ejercen como primera teniente de alcaldesa y concejal de promoción económica respectivamente, han recurrido su expulsión ante los tribunales, pero entre tanto se sustancia judicialmente ese recurso han pedido la suspensión cautelar de su expulsión en el juicio civil.
Ciudadanos ha comunicado al Ayuntamiento la expulsión de sus concejales, que pasarían a la condición de no adscritos y, de acuerdo con la Ley Canaria de Municipios, no podrían cobrar sus sueldos por dedicación exclusiva.
En cumplimiento de esta ley canaria, sobre la que recaen dudas de constitucionalidad por parte del secretario municipal, el pleno municipal deberá confirmar a finales de este mes el paso de los dos concejales al grupo de los no adscritos.
Lo más probable es que antes de esa sesión plenaria, la jueza María Gabriela Reverón decida sobre si accede a no a las medidas cautelares, en una sentencia para la que tiene un plazo de cinco días, que podría ampliarse porque la magistrada se irá una semana de vacaciones.
El abogado defensor de Ciudadanos, Pablo Piñero, afirmó que el procedimiento de expulsión ha respetado la Constitución, la Ley de Partidos y los estatutos del partido, los cuales fueron vulnerados de forma «muy grave» por los dos ediles al desobedecer la instrucción recibida por WhatsApp la víspera del pleno en la que se les instaba a votarse a sí mismos al no haber ningún pacto autorizado por el partido.
La suspensión cautelar de la expulsión de los ediles causaría un grave daño a la imagen del partido en un periodo electoral y un daño económico irreparable, aseguró el letrado.
El argumento de la letrada de los dos concejales, Sandra Rodríguez, al que se sumó el fiscal, incidió en que, tras la instrucción preliminar del procedimiento interno y presentar alegaciones y recursos los concejales al comité de garantías, este pidió pruebas adicionales que no fueron comunicadas a los ediles y sobre las que no pudieron pronunciarse.
En concreto, el comité de garantías encargó un informe adicional a la responsable de las negociaciones de los pactos poselectorales, Teresa Berastegui, en el que esta habría aportado copias de nuevos mensajes y testimonio de conversaciones que abundarían en la desobediencia de las instrucciones recibidas, según la letrada.
Redacción