El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impugnó ante el Constitucional la propuesta autonómica, que fue apoyada por JxCat, ERC, comunes y CUP y contó con el rechazo del PSC, PP y Ciudadanos.
En un escueto comunicado, el Constitucional señala que se ha estimado la impugnación y declarado nula la resolución, aunque la sentencia se notificará más adelante.
El objetivo de la resolución del Parlament era constituir una comisión para, entre otros objetivos, «investigar las actividades delictivas o irregulares de personas vinculadas a la Familia Real, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña tras el 1-O».
Tras su aprobación, el Consejo de Ministros acordó impugnar el acuerdo ante el Constitucional, con informe favorable del Consejo de Estado.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, denunció entonces la «inexistencia de competencias» del parlamento autonómico para realizar esa investigación y mostró su «radical discrepancia».
El mismo mes de marzo el tribunal de garantías admitió a trámite la impugnación y la resolución parlamentaria quedó en suspenso, a la espera de las alegaciones de las partes.
El Parlament argumentó que no suponía una extralimitación de sus competencias y que se trataba de un asunto de «interés» para Cataluña.
Según los letrados de la cámara, la potestad para impulsar esa investigación estaba reconocida tanto en el Estatut como en el reglamento del Parlament, que indica que la institución puede crear comisiones de investigación sobre «cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés para la Generalitat».
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