En un comunicado, la APROGC ha recordado hoy que el 6 de febrero de 2014, en la playa del Tarajal «varios guardias civiles, desempeñando sus cometidos de impermeabilizar la frontera Europea e impedir la entrada ilegal y el contrabando a través de España, en cumplimiento de la legalidad vigente y de las órdenes del Gobierno español, intentan impedir que varias personas accedan ilegalmente a nuestro territorio».
«La desgracia y la tragedia cayó esa noche en la playa del Tarajal: quince inmigrantes perdieron la vida y formaban parte de un numeroso grupo (entre 200 y 300 personas) que intentaban alcanzar a nado las costas españolas», ha afirmado.
La asociación ha señalado que los hechos, como no podía ser de otro modo, se investigaron y fueron archivados hasta en dos ocasiones, la primera, el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta el 15 de septiembre de 2016, archivando la causa por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, señalando que «los informes presentados por las ONGs carecían de valor incriminatorio y no eran imparciales».
La segunda, el 26 de enero de 2018, el mismo Juzgado volvió a decretar el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.
No obstante, diversas organizaciones no gubernamentales «empeñadas en que los guardias civiles sean condenados sí o sí, han conseguido que se vuelva a reabrir el caso, pese a basarse en «testimonios imposibles», vagos, confusos, imprecisos y contradictorios en sí mismos, entre sí y en relación con los informes de autopsia; además incoherentes, faltos de corroboración».
Las acusaciones, según APROGC, están basadas «en testigos anónimos con sesgos y prejuicios que no permiten la contradicción de las pruebas y en informes de parte hechos «a medida» lo que ya motivó que la causa fuese archivada en dos ocasiones».
La asociación dice estar convencida de que los guardias no incurrieron en responsabilidad penal alguna «y se demostrará como ya se ha hecho en ocasiones anteriores en hechos relacionados con la interceptación de personal que pretendían entrar ilegalmente en España».
«Esperamos que el poder judicial exija responsabilidades a los que sistemáticamente nos denuncian aportando pruebas fabricadas al efecto, ante el silencio de nuestros políticos que en vez de firmar un Pacto de Estado de Inmigración para blindar nuestras actuaciones, siguen utilizando la inmigración como un arma arrojadiza, con la inestimable colaboración de diversas organizaciones costeadas con el dinero público, más preocupadas en atacar la labor de los guardias civiles que en realizar una verdadera labor de ayuda a los inmigrantes», ha afirmado.
Desde la Asociación Pro Guardia Civil han manifestado su «total apoyo» a los guardias civiles que desarrollan «la difícil y no siempre reconocida labor de impedir el tráfico de personas y de contrabando a través de la frontera del sur de Europa».
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