La operación coincide con el segundo aniversario del referéndum y la proximidad del anuncio de la sentencia del juicio del «procés», según explica AUGC en un comunicado, en el que añade que, a pesar de ser conocida con antelación, a docenas de agentes se les ha ordenado desplazarse hasta Cataluña con apenas 48 horas de anticipación.
Esta asociación, mayoritaria en el instituto armado, expone que el dispositivo se llevará a cabo en seis fases y que incluye personal de varias especialidades y provincias, donde se cancelarán vacaciones, permisos o se ampliarán las horas de servicio.
No obstante, lo respalda ante un posible riesgo de alteración del orden público y para garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el ordenamiento constitucional, pero critica la «improvisación, la falta de información y tacto con los agentes, así como las pésimas condiciones y el riesgo que acarrea esta misión».
Así, señalan que un guardia civil recibirá «la exigua cantidad» de 28 euros al día para su manutención, y que, en cuanto a las condiciones de alojamiento, se dan situaciones en las que hasta siete agentes comparten un mismo espacio.
También añaden que, una vez en Cataluña, los desplazados no conocen su jornada laboral en cuanto a horas semanales, descansos, ni el tiempo que estarán fuera de sus hogares.
A ello se suma la falta de medios materiales, ya que, incluso han tenido que cederse chalecos antibalas de unas unidades a otras, y que muchos agentes vestirán uniformes que deberían haberse renovado hace años, apunta la asociación.
En ese sentido, AUGC denuncia que hasta la fecha no se ha informado de las condiciones de la mencionada comisión y que no existe ningún documento que aclare las condiciones.
Por ello, la asociación ha remitido un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil para solicitar explicaciones por estas «medidas improvisadas», así como un aumento de las dietas y el adelanto de las mismas para que los agentes no tengan que sacarlo de su bolsillo.
Asimismo, se solidarizan con las «de por sí difíciles condiciones bajo las que trabajan los guardias civiles en Cataluña», tanto en comisión de servicio como destinados permanentemente, por lo que piden al Gobierno que reconozca este territorio como de «especial conflictividad» y que tome medidas para mejorar las condiciones.
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