El juicio contra estas doce personas se celebrará a partir del próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid.
Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otra de cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. A dos de ellos se les pide además una multa de 4.320 euros.
Para otros tres jóvenes piden dos años de cárcel por desórdenes públicos y un año por un delito de resistencia.
La Fiscalía señala, en su escrito de acusación, que los procesados participaron el 14 de diciembre de 2013 en una concentración no autorizada por el centro de Madrid, convocada contra la denominada Ley Mordaza, en la que hubo lanzamiento de petardos y botellas.
Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de patear un coche de la Policía Municipal, y a otros de defender a sus compañeros arrojando botellas y piedras.
Otro de ellos «propinó fuertes empujones a los agentes», mientras el resto les insultaba y desobedecía, relata la Fiscalía.
Como consecuencia de todo ello, catorce agentes resultaron heridos, aunque ninguno grave, motivo por el que, además de la responsabilidad penal, la Fiscalía se exige responsabilidad civil a los procesados.
Por su parte, los encausados piden su absolución ya que consideran que fueron «escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación», según un comunicado elaborado por los procesados y conforme ha relatado hoy una de ellas, Álex, en una rueda de prensa junto a su letrado, Erlantz Ibarrondo.
«A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados», aseguran, mientras se definen como las primeras víctimas del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por algunos colectivos Ley Mordaza, cuya derogación siguen exigiendo.
La joven procesada, que tenía entonces 20 años, ha asegurado que a ella y a otros cinco amigos la Policía les pidió identificarse antes de la manifestación, lo que hicieron. Luego participaron en la misma y se marcharon.
A varios de ellos la Policía les sorprendió varios días después «en casa, en el instituto o en el Metro» y les detuvo, pasando 36 horas en aislamiento «muy duras» y luego recibiendo una orden de alejamiento de 500 metros del Congreso, lo que les ha impedido acercarse al centro de la capital.
«Vivir seis años teniendo que explicar a todos que tendrás un juicio en el que te piden seis años de cárcel es muy duro. Es muy duro asumir que esto puede pasar», ha afirmado, pidiendo el cese de la ley mordaza «que tanto daño nos ha hecho a todas».
El letrado de los procesados, Erlantz Ibarrondo, ha subrayado la «pena de banquillo» y la «espada de Damocles» que han tenido los encausados durante seis años, hasta que ahora se va a celebrar el juicio, y ha incidido en que «por ir a una manifestación no te pueden pedir seis años de cárcel» porque es «totalmente desproporcionado».
«Está fuera de toda lógica, te limita el futuro como persona», ha sostenido el letrado, y ha llamado a reflexionar sobre el hecho de que todas las peticiones que hacen los fiscales para detenidos en protestas sociales oscilan entre los cinco años y medio y los once años y medio, ya que duda de que «todos se hayan puesto de acuerdo en penas tan altas» y se pregunta si «compartan una directriz común».
El colectivo Madres contra la Represión ha participado en la rueda de prensa para expresar su apoyo a los procesados y defender que «nos volvemos a encontrar frente a otra crueldad perpetrada contra la juventud por el simple hecho de reivindicar y hacer efectivo un derecho tan fundamental como la libertad expresión y la manifestación».