En rueda de prensa, ha calificado de «ruin y miserable» al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, por hacer un «montaje tan infame» como el de ayer al denunciar la existencia de tres cajas fuertes en la agencia IDEA con documentos sobre el caso de los ERE, así como dos convenios en los que la anterior administración socialista renunciaba a reclamar las ayudas a Hamsa, aun sabiendo que fueron declaradas ilegales por la Unión Europea.
Fiscal ha explicado que la Junta se ha personado en el convenio de acreedores cuando la última empresa que compró Hamsa -una filial de Primayor- presentó el concurso en 2007 con el fin de recuperar ese crédito puente que le concedió y que se convirtió en participativo al presentar quiebra la compañía.
Un juzgado del primera instancia denegó a la Junta su reclamación como acreedor principal, pero el siguiente órgano judicial le dio la razón, si bien ese convenio de acreedores se ha resuelto pero no se ha liquidado todavía.
Por tanto, José Fiscal ha afirmado que la Junta «jamás ha hecho otra cosa que no sea intentar recuperar el dinero que esa empresa tuviera que devolver» legalmente.
Por este asunto el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha abierto una pieza para investigar si Manuel Chaves, expresidente de la Junta, y otros nueve ex altos cargos del Gobierno autonómico cometieron prevaricación y malversación al dar el préstamo puente de 5,8 millones a Hamsa en 1999, que luego pasó a ser Campocarne (filial de Campofrío) y después Primayor.
Sobre las ayudas de 8.000 millones de pesetas concedidas por la Junta a Hamsa a finales de los años noventa, que fueron declaradas ilegales por la UE, el convenio, firmado por el exconsejero Gaspar Zarrías y el director de Campofrío, renunciaba a reclamarlas porque la empresa se vendía sin cargas ni deudas a cambio de mantener el empleo y la actividad, ha señalado Fiscal.
Además, fuentes socialistas han apuntado que la Junta se hizo con la propiedad de Hamsa cuando entró en crisis y le concedió esas ayudas para mantener la actividad y el empleo, que posteriormente fueron consideradas ilegales para la UE-, pero al ser propiedad de la administración entendía que no se las podía devolver a sí misma.
Además, el Gobierno central, en esos años en manos del Partido Popular, también concedió ayudas a Hamsa, ha apuntado Fiscal.
Asimismo, el portavoz socialista ha negado la existencia de cajas fuertes y ha sostenido que serán archivos de seguridad, aunque ha pedido ver esas cajas porque «no se puede hacer un montaje de cualquier cosa».
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