En el proceso están acusados también la esposa de Muñoz y un socio de éste, para los que se piden penas de cuatro y cinco años de cárcel, respectivamente, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales; y hay otros dos acusados de estafa, para los que el Fiscal pide tres y dos años de prisión, según el escrito de acusación.
Además, el Fiscal pide a todos los acusados y a empresas implicadas una indemnización superior a los dos millones de euros.
Los hechos que se juzgarán se remontan a 2007, cuando Muñoz, según expone el Fiscal, «decidió y tuteló la creación de Empresa Fotovoltaica Riojana, SA (Emfrisa)» para construir una instalación de gran magnitud de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico, en el municipio riojano de Torremontalbo, en unos terrenos alquilados a una comunidad religiosa.
Según sus previsiones, destaca el Fiscal, esta planta se beneficiaría del régimen retributivo que incentivaba la generación de electricidad de fuentes renovables; y esa elevada rentabilidad propiciaría la venta de la instalación a terceros, españoles o extranjeros, por 25 millones de euros.
Para esta operación, dada las incompatibilidades con su cargo, Muñoz contactó con el empresario acusado -con diversos antecedentes por estafa- y también utilizó «como persona interpuesta», a su esposa.
El Fiscal incide en cómo el consejero no solo dirigió esta operación por medio de los otros acusados, sino que cuando surgieron obstáculos imprevistos, intervino ante las autoridades municipales y autonómicas para eliminar los impedimentos administrativos del proyecto.
Muñoz y sus socios, de forma paralela a la tramitación, contactaron con otra empresa catalana para que favoreciera la venta de la planta, por 25 millones de euros, a otros inversores.
Esa empresa abonó 800.000 euros, que fueron ocultados por el exconsejero, afirma el Fiscal, y contactó con unos inversores alemanes que no compraron el parque solar, en el último momento, por los problemas administrativos que vieron en él.
Pero finalmente una compañía de capital asiático compró las instalaciones por 23 millones de euros; en 2011 se desprendió de ellas por algo menos de 500.000 euros.
El parque solar llegó a funcionar y vendió energía hasta 2010 por valor de 6,4 millones de euros, con una compensación superior a la que le correspondía legalmente ya que se acogía a una «prima» superior a la vigente; en 25 años ese sobreprecio abonado por Iberdrola hubiese supuesto más de 22 millones de euros, explica el Fiscal.
El fiscal concluye su escrito elevando la solicitud de «deducir testimonio» en otras personas que intervinieron en los hechos, por posibles delitos, desde el director general de Industria y un jefe de servicio, a técnicos de las obras e, incluso, y responsables de Iberdrola.
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