Según el acuerdo aprobado el pasado día 14 por el Consejo de Ministros, el Gobierno considera que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.
El Ejecutivo estima que hay una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en algunas leyes, así como su competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes.
En esa reunión se ha acordado a petición de Navarra, según ha explicado su portavoz, Javier Esparza, pedir un informe al Consejo de Navarra respecto a las leyes que han sido recurridas para «tener seguridad jurídica» al respecto, algo que «nos va a dar rigor de cara a defender los intereses de esta comunidad».
Esparza ha asegurado que están «anonadados» con lo ocurrido y se ha preguntado si «es progresismo atacar al régimen foral, ir contra nuestras leyes». Por ello, ha pedido al PSOE que «rectifique».
Ramón Alzórriz, del PSN, ha explicado que el Gobierno ha presentado este recurso porque terminaba el plazo para hacerlo, aunque la decisión de no pedir la suspensión cautelar muestra «una voluntad clara de continuar con ese diálogo». En ese sentido, ha apuntado que hace seis meses las discrepancias sobre el Fuero Nuevo se referían a 18 puntos y ahora son solo 8 las diferencias.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien ha mostrado su satisfacción por la unanimidad, ha señalado que el conjunto de las fuerzas del Parlamento y el Gobierno deben trabajar juntos ante un recurso a preceptos que en algunos casos llevaban en vigor desde 1990.
Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha entendido que éste es «un tema muy grave políticamente», ya que el recurso procede de un Gobierno «que se denomina progresista» y que «se esta jactando de entender» el fuero de Navarra.
Mikel Buil, de Podemos, quien ha resaltado que «gobierne quien gobierne, Navarra se defiende», ha declarado que hay una «muy buena noticia» y es que el Gobierno español no va a solicitar la suspensión cautelar de los preceptos impugnados.
La portavoz de I-E, Marisa De Simón, ha denunciado la decisión del Gobierno español porque la legislación navarra, «dentro de sus competencias», consiguió «otorgar unas garantías a los consumidores frente a los especuladores» de vivienda.
Estrella Digital