«Es una señal positiva», ha destacado la presidenta de Transparencia Internacional en España, Silvina Bacigalupo, en la presentación del informe de 2019, en el que España ha obtenido 62 puntos sobre 100, frente a los 58 de hace un año.
Bacigalupo ha atribuido la mejora a las sentencias sobre los escándalos de corrupción aflorados en los últimos años, así como a la moción de censura al Gobierno anterior como consecuencia de una sentencia y, por primera vez en democracia, un cambio de gobierno.
Con esta calificación, España ocupa la posición 30 entre los 180 países estudiados en el informe de este año, junto a Portugal, Barbados y Qatar, mientras que entre los 28 países de la Unión Europea se sitúa en el puesto 13.
Pese a esta mejora en la puntuación, Transparencia Internacional destaca que España se encuentra por dejado de Estonia, país al que superaba en 2012 -año en que cambió la metodología para poder hacer comparaciones anuales- y que ha aumentado su calificación de manera significativa en los últimos años.
Entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó en siete puntos y, con la mejora de este año, sigue por debajo de los 65 puntos que tenía entonces.
Según esta organización, España continúa sin poner en marcha mecanismos de prevención de la corrupción y sin llevar a cabo reformas legales necesarias, como la ley de protección de informadores.
El resultado sigue evidenciando, ha advertido Bacigalupo, que «la corrupción continúa siendo un problema grave que debe llamar a la acción de las autoridades y la sociedad civil».
En su opinión, una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería esta por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad.
Para ello, el informe recomienda, entre otras medidas, afrontar la financiación de partidos políticos, así como la financiación municipal; garantizar que la prestación de servicios y distribución queden lo más al margen posible de los conflictos de interés personales; fortalecer la integridad en los sistemas electorales; proteger a los informadores y periodistas; y reforzar la separación de poderes.
En este sentido, Bacigalupo ha incidido en que «es el momento de ponerse a actuar», una vez recuperado el funcionamiento ordinario del parlamento y formado gobierno tras las últimas elecciones generales.
«No podemos seguir legislando a golpe de escándalos de corrupción ni parcheando imprevistos arreglando las leyes a poquito», ha subrayado la presidenta de Transparencia Internacional en España, para quien «eso solo lleva al destrozo del sistema jurídico y es algo que el sistema democrático no se puede permitir».
Ha insistido en que «no se trata de reformar dos o tres articulitos del Código Penal» y ha confiado en que cuando acabe la legislatura se pueda contar con una ley «fuerte».
Además, ha señalado la necesidad de implicar a la sociedad civil y de sensibilizar en la transparencia y en la rendición de cuentas, porque «si no hay consecuencias, es difícil cambiar comportamientos y también percepciones de la ciudadanía».
En este mismo sentido, el catedrático Manuel Villoria ha afirmado que el Gobierno actual tiene una responsabilidad en fomentar y apoyar a la sociedad civil y desarrollar plataformas para que esté más presente y pueda participar de forma más activa en las decisiones.
«Cuántos más ojos ven, más difícil es que haya corrupción», ha destacado.
El Índice de Transparencia Internacional mide exclusivamente la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países, a los que asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).
En primera posición del índice se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 87 puntos, seguidos por Finlandia, que este año ha obtenido 86. Los últimos puestos están ocupados por Somalia, Sudán del Sur y Siria, con nueve, doce y trece puntos sobre 100, respectivamente.
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